Por Lehbib Abdelhay/ECS
La activista @Sultanakhayya1 ha denunciado las agresiones violentas que sufrió su hermana por paramilitares marroquíes en la puerta de su casa en Bojador, por intentar recibir una visita familiar hoy en la pascua. La familia Khaya lleva más de 337 días bajo arresto domiciliario. pic.twitter.com/B2wCrEk5MF
— Equipe Media (@Equipe_Media) October 19, 2021
Bojador ocupado (ECS).- La represión marroquí contra los civiles saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental está desarrollándose a niveles incalificables, especialmente desde el estallido de la guerra en la región debido a la violación marroquí de los acuerdos militares Nº1 y Nº2 del alto el fuego, lo que obligó al pueblo saharaui a defenderse legítimamente tras tres décadas de resistencia pacífica y disposición política a un proceso de paz que resultó ser una mera extensión técnica del conflicto.
Desde el 13 de Noviembre de 2020, fecha reanudación de la guerra, la escalada militar es análoga a la escalada represiva que las fuerzas del régimen marroquí ejercen con el objetivo de eliminar física e ideológicamente a cualquier ciudadano saharaui que se exprese por sus derechos. La gran ola de represalia desatada, en mayor medida contra periodistas y activistas de derechos humanos, especialmente mujeres y jóvenes menores, han provocado protestas que también fueron desmanteladas por las fuerzas policiales. El cerco en los territorios ocupados es extraordinariamente intenso, la red represiva es implacable y alcanza a todos los sectores, áreas y ámbitos de la sociedad civil saharaui residente en las ciudades de El Aaiún, Smara, Dajla y Bojador. Sometidos ya no solo a violencia física, sino a la discriminación laboral, escolar y profesional. Una segregación que usa como criterio el pensamiento político de cada individuo.
El régimen marroquí ha convertido a los territorios saharauis ocupados en una especie de extensa prisión al aire libre, usando la represión desproporcionada como instrumento para intimidar y crear consenso por la fuerza de la violencia, infligiendo para ello: palizas, persecuciones, detenciones, juicios arbitrarios, asaltos domiciliarios, cortes deliberados de electricidad y telefonía.
Esta exacerbación de la violencia marroquí contra civiles saharauis indefensos ha llevado al Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, a advertir a la ONU del grave riesgo de represión sistemática que viven las zonas, exigiendo por ello intervenir de inmediato. En la misma línea, organizaciones, activistas y periodistas presentes en las zonas ocupadas hacen un llamamiento a Cruz Roja Internacional para que proteja a los ciudadanos de las flagrantes violaciones de sus derechos que hace el estado marroquí. Aplicando el IV Convenio de Ginebra sobre protección de civiles en tiempos de guerra, del 12 de agosto de 1949, al que el Reino de Marruecos se adhirió el 26 de julio de 1956.
Estos execrables actos, documentados y fotografiados, continúan produciéndose a día de hoy sin que nadie intervenga para proteger a los civiles saharauis en situación de conflicto armado, condición que hace necesaria su protección según el derecho internacional humanitario. Pese a todo ello, ni Cruz Roja Internacional ni el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han intervenido en el territorio a pesar de denunciar en sus informes la represión marroquí y tener constancia detallada de las violaciones que tienen lugar, reduciendo su actitud a diplomacia declaratoria.
En esta ola de represión brutal, se encuentra la destacada activista saharaui, Sultana Sidbrahim Jaya, y su familia. Sufren palizas y torturas psicológica desde que Jaya regresó a su ciudad natal a finales del año pasado. Las fuerzas de represión practican un asedio policial por medio de barreras humanas que bloquean la entrada. Además impiden el acceso a visitantes, siendo alguno de ellos también maltratado.
Desde el 19 de noviembre de 2020, sufre un asedio policial impuesto en su casa en la ciudad de Bojador ocupado por los gendarmes marroquíes, desde que regresó de España. Su madre de 84 años que vive con ella también lo sufre injustamente. En estos más de 330 días de arresto domiciliario forzoso, ha denunciado torturas en las que le golpearon ella o su hermana en la cabeza hasta sangrar, le fracturaron la mano derecha y le dañaron el ojo. Además hay una barrera policial que impide la entrada a los visitantes y controla las salidas. Desde hace diez meses días, Sultana Jaya, su hermana y su madre sufren la represión marroquí por la única razón de su pensamiento político y actividad militante.
Este martes, su hermana fue víctima de una nueva agresión. A pesar de las intimidaciones y tortura física y verbal, Jaya afirma que eso no impedirá continuar su lucha ni cambiar sus posiciones. La activista saharaui dijo en una entrevista con este medio que las fuerzas de ocupación han fortalecido su presencia y asedio a la casa de su familia, enfatizando que el silencio de las Naciones Unidas sobre a lo que están expuestos los saharauis en un país que cae dentro de su jurisdicción y responsabilidad, alentará a la ocupación y a sus fuerzas a cometer más crímenes contra los saharauis.
Sultana Jaya ya perdió su ojo derecho en una paliza en 2006 por la policía marroquí, sin embargo y a pesar de las intimidaciones y tortura física y verbal, ella afirma que eso no impedirá continuar su lucha ni cambiara sus posiciones, demostrando una impactante valentía y un testimonio de fortaleza basado en la lucha y resistencia pacífica frente a la violencia desproporcionada marroquí.
La Autoridad Saharaui contra la ocupación marroquí pide a Naciones Unidas y al Comité Internacional de Cruz Roja intervenir urgentemente para proteger a los civiles saharauis de los territorios ocupados ante las fuerzas represivas marroquíes, que responden con salvajes agresiones ante posiciones pacíficas de las víctimas. La desproporcionalidad de la violencia física se lleva a cabo con impunidad pasmosa.