La Historia ha vuelto a repetirse, parece mentira, y en ambos casos reproduce la humillante claudicación de España ante las presiones del rey de Marruecos. De nuevo una España atemorizada, dubitativa, débil y cobarde traiciona sus compromisos con un territorio en el norte de África que desde el siglo XIX hasta 1975 se llamó Sáhara español y que desde 1958 había pasado a recibir una consideración administrativa similar a la de una provincia española.

Es más, desde 1963 hasta la muerte de Franco en 1975 dos procuradores de origen saharaui, fácilmente identificables en las fotografías de la época por su vestimenta tradicional, asistían en su calidad de procuradores a las sesiones de las Cortes franquistas.

Lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es agachar la cabeza y darse por vencido ante las continuas extorsiones de Marruecos, que lleva 47 años buscando lo que por fin ha logrado: que España le entregue en bandeja el reconocimiento de que el Sáhara es suyo.

Y lo ha hecho además de tapadillo. Ayer viernes por la tarde nos enterábamos de la rendición española no porque el Gobierno haya tenido a bien informar de su decisión a la ciudadanía sino por una noticia procedente de Marruecos en la que se daba cuenta de una carta del presidente del Gobierno español al rey Mohamed VI en la que acepta y da su apoyo a la propuesta de Rabat de otorgar la autonomía al Sáhara Occidental.

Esto lo ha decidido Pedro Sánchez por la puerta de atrás y con la intención de que los españoles no nos enteráramos de este incumplimiento súbito de las obligaciones internacionales de nuestro país, nunca suspendidas como responsable último de este territorio.

Lo hemos sabido solamente porque Marruecos se ha apresurado a hacer pública esa carta en la que el presidente español le cede en la práctica la soberanía del Sáhara al rey Mohamed VI sabiendo como sabemos todos que el término «autonomía» referido al régimen marroquí nada tiene que ver con lo que en España entendemos por un sistema autonómico.

Seguramente, Pedro Sánchez y su ministro Manuel Albares, que tuvo que comparecer aprisa y corriendo ayer ya entrada la tarde en rueda de prensa para decir que semejante decisión va a «garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países», esperaban poder administrar esta delicadísima información con tiempo y acompañarla de una cierta estrategia de comunicación que impidiera que sucediera lo que al final ha sucedido: que nos ha estallado en la cara súbitamente y sin que ni siquiera los mejores conocedores de las relaciones hispano-marroquíes tuvieran la menor noticia de lo que se avecinaba.

Habría sido altamente recomendable que el gobierno argelino hubiera estado al menos informado respecto de esta tan espinosa como energéticamente peligrosa decisión»

¿Ha informado el presidente Sánchez o su ministro de Asuntos Exteriores a Argelia de la decisión adoptada o se ha comportado como lo ha hecho con los ciudadanos españoles? Porque hay que recordar que un Sáhara independiente es la opción apoyada desde 1975 y aun antes por el régimen argelino, que siempre ha respaldado las reivindicaciones del Frente Polisario y que de ninguna manera acepta que el Sáhara Occidental pase a estar bajo dominio de Marruecos, un país con el que Argelia está gravemente enfrentado desde hace años.

Y dado que Argelia es uno de nuestros grandes suministradores de gas, habría sido altamente recomendable que el gobierno argelino hubiera estado al menos informado de las intenciones del presidente español respecto de esta tan espinosa como energéticamente peligrosa decisión.

Veremos cómo reacciona el gobierno de Argel ante esta noticia. Porque esto, si supone una bomba para los españoles, no lo va a ser menos para los argelinos. Con un agravante: del mismo modo que Argelia cerró en octubre pasado el gasoducto Magreb-Europa (GME), que pasaba por Marruecos, rescisión confirmada por el presidente argelino como represalia ante las «prácticas hostiles» de Rabat contra Argel y advirtió taxativamente al Gobierno español que «ni una sola molécula de gas argelino a España debe destinarse a Marruecos», ahora podría reaccionar cortando el suministro de gas a nuestro país.

Esto lo ha hecho el Gobierno no solamente en contra de lo establecido por el Comité Especial de las Naciones Unidas, que considera ese territorio como una colonia pendiente de resolver definitivamente su estatus, sino sin informar de este giro trascendental al Parlamento español, sin compartir su propósito ni por supuesto pactar este cambio trascendental de la posición española con el principal partido de la oposición, sea con el presidente saliente, sea con el entrante y, en términos generales, sin encomendarse a Dios ni al Diablo. Como si la política exterior de nuestro país no fuera una esencial cuestión de Estado que exige que todos los gobiernos, sean del partido que sean, compartan sus líneas esenciales. Y ésta lo es.

Este es un conflicto que viene de muy lejos. Hay que recordar que en septiembre de 1973, es decir, en la Prehistoria, el general Franco envió a la Yemaa -la asamblea de notables saharauis y el órgano representativo que canalizaba la organización y las necesidades del Sáhara hacia la Administración española- una carta de su puño y letra en la que garantizaba al pueblo saharaui el reconocimiento de su derecho a la libre autodeterminación en la que se proponían unas bases para la elaboración de un Estatuto de Autonomía que reconociera a ese pueblo como único propietario de sus abundantísimos recursos naturales -yacimientos de fosfatos, y de hierro, unos ricos fondos pesqueros y aguas subterráneas- y del disfrute de sus beneficios.

El estatuto que proponía Franco sería aplicado como medida intermedia mientras la población tomaba la definitiva decisión de optar o no en el futuro por su autodeterminación.

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