Artículo basado en el análisis jurídico de Andrea Maria Pelliconi y Sebastian von Massow , publicado el 14 de octubre de 2025 en EJIL:Talk!, Blog of the European Journal of International Law– How Not to Trade with Occupying Powers: Western Sahara and the Amendment to the EU-Moroccan Association Agreements
Una enmienda contra el derecho internacional
El 3 de octubre de 2025, la Unión Europea y Marruecos firmaron una enmienda al Acuerdo de Asociación UE–Mediterráneo, destinada a mantener las preferencias arancelarias para los productos procedentes del Sáhara Occidental ocupado. Con la aprobación del Consejo y su aplicación provisional, Bruselas consuma un nuevo paso en la política de hechos consumados que refuerza la ocupación marroquí y burla las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El texto, como subrayan Pelliconi y von Massow en EJIL:Talk!, tiene un propósito inequívoco: garantizar que las exportaciones agrícolas y pesqueras de Marruecos desde el Sáhara ocupado sigan accediendo al mercado europeo como si fueran marroquíes, a pesar de que el territorio es reconocido por la ONU como no autónomo pendiente de descolonización y ocupado desde 1975.
Una negociación opaca y apresurada
La enmienda se ha gestado en la sombra. La Comisión Europea no informó al Parlamento ni a su Comité de Comercio Internacional antes de solicitar su aplicación provisional. Los eurodiputados que conocieron el procedimiento denunciaron la falta de transparencia y el intento de aprobar el texto sin debate público.
La maniobra se presenta como una “adecuación técnica” a las sentencias del TJUE de 2021 y 2024, pero en realidad desnaturaliza por completo su contenido. El Tribunal había establecido que ningún acuerdo entre la UE y Marruecos puede aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, y que los productos originarios del territorio deben etiquetarse como tales, sin ambigüedades.
Nada de esto se cumple.
El nuevo acuerdo: etiquetas falsas y beneficios ilusorios
La enmienda introduce el etiquetado de productos originarios del territorio ocupado bajo las denominaciones “Dakhla-Oued Eddahab” y “Laâyoune-Sakia El Hamra”, nombres administrativos impuestos por Marruecos. Con ello, la UE acepta de facto el marco colonial marroquí y confunde deliberadamente a los consumidores europeos, negándoles el derecho a una información veraz sobre el origen de los productos.
El texto tampoco prevé ningún mecanismo de control independiente sobre los beneficios del comercio, limitándose a una “evaluación conjunta anual” entre la UE y Marruecos. En otras palabras, el ocupante y su socio comercial evaluarán juntos los supuestos “beneficios” para una población que no es libre ni representada.
En paralelo, Bruselas ha emitido una declaración unilateral, prometiendo aumentar la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis y financiar programas educativos y de desarrollo en la región. Pero esta declaración —independiente del acuerdo— no puede sustituir el consentimiento del pueblo saharaui ni convierte la ayuda humanitaria en un “beneficio derivado de la explotación de recursos”, como exige el TJUE.
La falacia del “consentimiento presunto”
El TJUE estableció que solo puede presumirse el consentimiento saharaui si el acuerdo:
- No impone obligaciones al pueblo saharaui.
- Les reporta beneficios específicos, tangibles, sustanciales y verificables, proporcionales a la explotación de sus recursos naturales.
- Incluye garantías de desarrollo sostenible y un mecanismo independiente de verificación.
Nada de esto se cumple.
Los beneficios del comercio no llegan al pueblo saharaui, que es discriminado y marginado en su propio territorio. Las ganancias van a las empresas marroquíes y a los colonos trasladados ilegalmente al Sáhara Occidental. Los saharauis, convertidos en minoría, son los grandes excluidos del modelo económico colonial.
La ayuda humanitaria, por su parte, no deriva de la explotación de recursos, sino de una promesa política paralela, ajena al acuerdo. Confundir ayuda con soberanía económica es una perversión jurídica y moral: la Unión Europea compensa con limosnas lo que contribuye a robar.
Una violación directa del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales
El derecho internacional, consagrado en la doctrina de la soberanía permanente sobre los recursos naturales (PSNR), protege el derecho de los pueblos coloniales a disponer de sus recursos sin injerencias externas.
Como recordaba el juez Weeramantry en el caso de Timor Oriental, “para una nación incipiente, la soberanía sobre sus recursos económicos es un componente esencial de su soberanía total”.
La explotación de fosfatos, pesca, agricultura e incluso energía verde en el Sáhara Occidental sin consentimiento del pueblo saharaui constituye una erosión de su soberanía incipiente y una violación continuada del derecho a la autodeterminación.
Bruselas no solo se desentiende de su deber de no reconocer ni ayudar a una ocupación ilegal: participa activamente en ella.
Una política europea de doble rasero
El artículo recuerda la hipocresía europea: mientras la UE sanciona a Rusia por la anexión de Crimea o condena la ocupación israelí de Palestina, premia a Marruecos con acuerdos comerciales y financiación.
Incluso la promesa de construir plantas desalinizadoras para “mejorar el desarrollo local” tiene un efecto perverso: facilita la expansión agrícola marroquí en tierras ocupadas y fortalece la presencia de colonos.
El paralelismo con el caso palestino es evidente. En ambos territorios, la Unión Europea se beneficia del comercio con la potencia ocupante y contribuye a la normalización del expolio. En ambos, ignora sus propias obligaciones de no reconocimiento ni asistencia a la ocupación.
Hacia una nueva batalla jurídica
El Frente Polisario, como legítimo representante del pueblo saharaui, impugnará ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión del Consejo que aprueba la enmienda.
Será una nueva batalla legal por la coherencia del Derecho europeo y la dignidad del Derecho internacional. Pero la dificultad es enorme: la información sobre los efectos del acuerdo está en manos de Marruecos, y Bruselas actúa como parte interesada.
Aun así, la jurisprudencia es clara: sin consentimiento no hay legalidad.
Y el consentimiento del pueblo saharaui no puede sustituirse con informes, ni evaluaciones conjuntas, ni ayudas humanitarias.
Conclusión: Europa comercia con la ocupación
La conclusión de Pelliconi y von Massow, publicada en EJIL:Talk!, es rotunda y coincide con la denuncia del movimiento solidario:
“El resultado práctico de la política de la UE es brindar sustento económico y legitimidad simbólica a una situación ampliamente considerada ilegal según el derecho internacional: la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos.”
Bruselas ha decidido mirar hacia otro lado, permitiendo que el comercio siga fluyendo entre el puerto ocupado de Dajla y los supermercados europeos, mientras el pueblo saharaui sobrevive en el exilio. El derecho internacional no puede ser una mercancía. Europa debe elegir entre la complicidad y la coherencia: entre el beneficio económico y la justicia. Porque comerciar con el ocupante es, en esencia, comerciar con la ocupación.
Por la Plataforma “No te olvides del Sáhara Occidental”