La nueva Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos no es una cita diplomática rutinaria: es la escenificación más reciente de la política de concesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene hacia Rabat desde 2022. La ausencia total de los ministros de Sumar, la supresión de una comparecencia ante la prensa y la selección quirúrgica de los temas a tratar forman parte del mismo guion: evitar cualquier roce con Marruecos, no incomodar al ocupante del Sáhara Occidental y blindar un relato oficial que pretende normalizar lo que es, en esencia, una claudicación política.

La exclusión de Sumar no puede presentarse como un simple asunto de competencias ministeriales. Es un gesto profundamente político. Se aparta del escaparate a la única parte del Gobierno que mantiene una posición clara en defensa del derecho del pueblo saharaui y que rechaza frontalmente el giro impuesto por Sánchez. No es casualidad que en la cumbre de 2023 también se marginara a los ministros de Podemos. El mensaje es transparente: en la relación con Marruecos, el Gobierno no admite voces críticas internas, y mucho menos cuando esas voces cuestionan la legalidad y la ética de respaldar una ocupación militar.

El hecho de que Sánchez y el primer ministro marroquí no vayan a someterse a preguntas de la prensa confirma esa estrategia de opacidad. La diplomacia española ha asumido que la mejor forma de gestionar la relación con Rabat es callar, evitar el escrutinio público y esconder bajo acuerdos técnicos lo que realmente está en juego: el Sáhara Occidental. Se firma sobre pesca, educación, deporte o transición digital, pero el tema central —el aval político que España sigue otorgando al plan marroquí de “autonomía”— permanece cuidadosamente oculto, aunque sea el hilo que lo cose todo.

Las cifras económicas que se exhiben —22.600 millones en intercambios, expectativas ligadas al Mundial de 2030— cumplen otro propósito: justificar una relación profundamente desequilibrada donde Marruecos obtiene ventajas estratégicas mientras España cede posiciones políticas. En migración, el Gobierno presume de una bajada del 41,5% en las llegadas, un dato que solo evidencia la dependencia española del cierre de la llave marroquí. Rabat regula los flujos como instrumento de presión, y Madrid lo presenta como éxito propio.

Mientras tanto, cuestiones claves para los intereses españoles, como el funcionamiento normal de las aduanas de Ceuta y Melilla, continúan en vía muerta. La realidad es tozuda: Marruecos restringe, ralentiza y condiciona las operaciones a su conveniencia, dejando en evidencia que la supuesta “nueva etapa” inaugurada por Sánchez ha fortalecido a Rabat sin ofrecer garantías recíprocas. La asimetría es total.

Pero el elemento más preocupante de esta RAN es su contexto. Marruecos llega avalado por una resolución del Consejo de Seguridad que presenta su plan como “serio y creíble”, pese a que el derecho internacional lo sigue considerando una ocupación ilegal. España, lejos de alzar la voz por el respeto a la descolonización pendiente, actúa como socio dócil que refuerza la narrativa marroquí y legitima un statu quo injusto y contrario a la legalidad internacional.

Por eso esta cumbre no es inocua ni administrativa: es profundamente política. Es una reunión en la que el Gobierno español consolida, sin oposición interna visible, el abandono del pueblo saharaui; una reunión en la que se silencian las disidencias; una reunión en la que la política exterior de España se subordina a la agenda de Rabat.

Y mientras se firman acuerdos y se intercambian sonrisas, queda fuera de la mesa la única cuestión decisiva: el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación. Esa es la gran verdad que esta RAN intenta ocultar. Pero es también la verdad que seguirá interpelando a quien quiera mirar de frente la realidad del Sáhara Occidental.

PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»