La maquinaria represiva de la monarquía marroquí en el Sáhara Occidental no se sostiene únicamente con el respaldo de potencias como Francia, España o Estados Unidos. Arabia Saudí y EAU son actores clave en el financiamiento, respaldo diplomático y legitimación internacional de la ocupación. A través de una red de intereses económicos, militares y geopolíticos, estas monarquías del Golfo apuntalan un “statu quo” colonial que perpetúa la injusticia.
Inversiones estratégicas: comprar influencia, silenciar críticas
Arabia Saudí: el banquero de la represión
El Fondo de Inversión Pública (PIF), controlado por Mohamed bin Salman (MBS), ha canalizado miles de millones hacia proyectos en el Sáhara ocupado. Infraestructuras logísticas y turísticas se desarrollan en Dajla y El Aaiún, en violación del derecho internacional. Empresas como ACWA Power operan sin el consentimiento del pueblo saharaui, beneficiándose del expolio de recursos. Además, Arabia Saudí ha financiado la adquisición de drones “Bayraktar TB2” y tecnología de vigilancia para reforzar el control marroquí en la región.
Emiratos Árabes Unidos: el lobby diplomático
En 2020, EAU se convirtió en el segundo país, tras EE.UU., en abrir un “consulado” en El Aaiún ocupado, legitimando la anexión. También invierte en “zonas económicas especiales”, presentando la ocupación como desarrollo. A través de los Acuerdos de Abraham, EAU ha facilitado la venta de armamento israelí a Marruecos, creando una alianza que consolida la ocupación.
Diplomacia tóxica: bloquear soluciones en la ONU
Arabia Saudí y EAU bloquean sistemáticamente cualquier resolución en la ONU, la Liga Árabe o la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) que cuestione la “soberanía” marroquí. Medios como “Al Arabiya” criminalizan al Frente Polisario, tildándolo de “grupo separatista”. Filtraciones en 2021 revelaron que Marruecos pagó a lobbies emiratíes para que países africanos retiraran su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Petróleo, gas y la hipocresía occidental
Marruecos importa petróleo y gas subsidiados de Arabia Saudí y EAU a cambio de apoyo político. Empresas como Masdar (EAU) instalan parques eólicos en el Sáhara ocupado, blanqueando la ocupación con proyectos de “energía limpia”. Mientras Occidente sanciona a Rusia por invadir Ucrania, ignora las violaciones de sus socios del Golfo. La legalidad internacional es selectiva y el derecho inalienable del pueblo saharaui a su independencia es avalado por el derecho internacional.
¿Qué exige el derecho internacional?
La solución pasa por aplicar las resoluciones de la ONU, que reconocen el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Ejemplos históricos como Timor Oriental o Namibia muestran que la presión diplomática y el aislamiento económico a los ocupantes pueden forzar cambios. La Corte Internacional de Justicia ya dictaminó en 1975 que no existen vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental. La comunidad internacional debe:
1. Exigir un referéndum libre y supervisado por la ONU, como establece el Plan de Paz de 1991.
2. Sancionar a empresas que operen en territorios ocupados, siguiendo el precedente de las sanciones a colonias israelíes en Palestina.
3. Presionar a Arabia Saudí y EAU para que retiren su respaldo financiero y diplomático a Marruecos.
Mi conclusión es que la ocupación del Sahara Occidental es un crimen con cómplices globales.
Arabia Saudí y EAU no son meros observadores: son cómplices activos de una ocupación que dura casi medio siglo. Su implicación confirma que el capital no tiene bandera, que la diplomacia se compra y que Occidente mira hacia otro lado cuando sus socios violan el derecho internacional.
Pero el pueblo saharaui sigue resistiendo. Su lucha no es solo contra Marruecos, sino contra un sistema global de complicidades. La pregunta es: ¿hasta cuándo el mundo seguirá permitiendo que los petrodólares silencien la justicia? ¡NO PASARÁN!
B.Lehdad.