El saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental —fosfatos, pesca, arena, energía solar y eólica— es el pilar económico de la ocupación marroquí. No estamos ante un asunto secundario, sino ante la razón material que explica en buena medida por qué Rabat se niega a cumplir el derecho internacional. Marruecos no tiene ningún título de soberanía sobre el territorio y, según la ONU, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puede explotar ni autorizar la explotación de sus riquezas sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui. Cada barco cargado de fosfatos, cada red que faena en aguas saharauis, cada kilovatio de energía “verde” producido en el desierto ocupado es un recordatorio de que la ocupación se alimenta del expolio.
El relato marroquí intenta maquillar esta realidad con un discurso de “desarrollo” y “beneficio para la población local”. Es una mentira construida para engañar a la opinión pública internacional y atraer socios comerciales. En realidad, los ingresos del saqueo no se destinan a mejorar la vida de los saharauis, sino a enriquecer a la élite del majzén y a financiar el aparato represivo que sostiene la ocupación. Los saharauis no tienen voz ni voto sobre lo que se extrae de su tierra y, cuando se atreven a denunciarlo, son reprimidos, encarcelados o silenciados. Lo que Marruecos presenta como “inversión” no es más que colonización económica.
El derecho internacional es inequívoco. La Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU establece que los pueblos tienen la soberanía permanente sobre sus recursos naturales y que cualquier explotación que no cuente con su consentimiento es ilegal. En 1975, la Corte Internacional de Justicia dejó claro que no existía ningún lazo de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental, y que el principio aplicable era el de la autodeterminación. Décadas después, la ONU sigue inscribiendo al Sáhara en la lista de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización. Eso significa que Marruecos no es soberano, no es administrador legal y actúa simplemente como potencia ocupante.
La jurisprudencia europea ha reforzado esta verdad. En 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que los acuerdos entre la UE y Marruecos no podían aplicarse al Sáhara porque es un territorio distinto y separado. En 2018, volvió a ratificar que las aguas saharauis no podían incluirse en los acuerdos de pesca. Y en 2018 y 2021, el Tribunal General declaró que cualquier acuerdo que afecte al territorio requiere el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. No se trata de un tecnicismo legal, sino de una cuestión de principio: el Sáhara no es Marruecos, y explotarlo sin permiso del pueblo saharaui es un robo con todas las letras.
Los ejemplos del expolio son incontables. La mina de Fos Bucraa, explotada por la empresa estatal marroquí OCP, lleva medio siglo enviando fosfatos robados a distintos rincones del mundo. La pesca en aguas saharauis, autorizada por Rabat y aprovechada por barcos europeos, viola abiertamente las sentencias del TJUE. Multinacionales como Siemens Gamesa, Enel o TotalEnergies participan en proyectos de energías renovables que integran al Sáhara ocupado en la red energética marroquí, consolidando la colonización con la excusa de la “transición verde”. La arena extraída se exporta a Canarias para la construcción, y los invernaderos de Dajla producen hortalizas destinadas al mercado europeo con la etiqueta falsa de “producto marroquí”. Todo ello ocurre a espaldas del pueblo saharaui.
El expolio tiene consecuencias políticas devastadoras. Financia al ejército y a los servicios de seguridad marroquíes que sostienen la ocupación. Alimenta la política de colonización demográfica con el asentamiento de miles de colonos marroquíes en el Sáhara. Y convierte a los socios comerciales de Rabat en cómplices de un crimen internacional. Quienes compran fosfatos de Fos Bucraa, quienes llenan sus supermercados con tomates de Dajla o quienes instalan aerogeneradores en El Aaiún no son actores neutrales: son responsables directos de que la ocupación se prolongue y de que el pueblo saharaui siga privado de su derecho a decidir.
La complicidad internacional es uno de los aspectos más obscenos de este expolio. España, la antigua potencia administradora, no solo ha abandonado sus responsabilidades históricas, sino que además permite la entrada de recursos saharauis a sus puertos, disfrazados como marroquíes. La Unión Europea, a pesar de las sentencias de su propio Tribunal de Justicia, sigue buscando fórmulas para incluir al Sáhara en acuerdos con Marruecos. Gobiernos que presumen de defender el “estado de derecho” en el mundo callan ante un saqueo que financia la represión y el autoritarismo.
La solución no pasa por “gestionar mejor” el expolio, sino por ponerle fin. Las empresas deben retirarse inmediatamente del Sáhara ocupado y responder ante la justicia por los beneficios obtenidos ilegalmente. La Unión Europea y España tienen la obligación de acatar las sentencias del TJUE y excluir al Sáhara de cualquier acuerdo comercial. Naciones Unidas debe establecer mecanismos de control efectivos, como ya recomendó su propio Comité de Descolonización, para garantizar que los recursos solo se exploten con consentimiento saharaui. Y el movimiento solidario internacional debe seguir señalando, con nombres y apellidos, a las empresas y gobiernos que se benefician del robo.
El saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental no es una cuestión económica: es un crimen contra un pueblo en proceso de descolonización. Marruecos no tiene ningún derecho sobre ellos y quienes colaboran con Rabat no son socios comerciales, sino cómplices. El único dueño de esas riquezas es el pueblo saharaui, que debe decidir libremente cómo utilizarlas. Cada barco cargado de fosfatos y cada red de pesca en aguas robadas son un recordatorio de que la ocupación sigue viva porque la comunidad internacional lo permite. Y cada día de silencio es un día más de injusticia.
PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»