Durante años, el expolio de los recursos saharauis se ha denunciado en informes jurídicos, resoluciones judiciales y comunicados del Frente Polisario. Pero en los últimos días, una imagen ha condensado ese proceso de desposesión en un símbolo visual y cotidiano: las bandejas de tomates etiquetados como “marroquíes” que, en realidad, proceden del Sáhara Occidental ocupado.
Lo que parecía un simple fraude de etiquetado se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo Marruecos y varias multinacionales europeas normalizan la ocupación, inundando los mercados de la UE con productos “marroquinizados” que deberían llevar la etiqueta “Western Sahara (EH)” conforme a la jurisprudencia firme de la Corte de Justicia de la Unión Europea.
El pasado 28 de noviembre, la organización sindical francesa Confédération Paysanne organizó una acción contundente en Perpiñán para denunciar la “competencia desleal” y el “saqueo de los recursos” del territorio saharaui. Más de sesenta agricultores bloquearon el centro logístico de Azura, gigante franco-marroquí del sector hortofrutícola y principal importador de productos cultivados en los territorios ocupados. Las imágenes del bloqueo –banderas saharauis al viento, agricultores entrando en almacenes y señalando los palés de tomates “marroquinizados”– recorrieron Francia en pocas horas.
Un producto estrella convertido en emblema del expolio
Las protestas no fueron improvisadas: la producción de tomate procedente de Dajla, donde Azura opera 400 hectáreas de invernaderos en tierras ocupadas, es el corazón de un comercio multimillonario que pasa desapercibido para la mayoría de consumidores europeos. En invierno, buena parte de los tomates vendidos en Francia y España procede de invernaderos situados a 1.200 km al sur de Agadir, en pleno Sáhara Occidental, desde donde viajan en camiones frigoríficos hacia los mercados comunitarios.
Mientras los agricultores franceses denuncian que producir un kilo de tomate en su país cuesta casi el doble que en las explotaciones del grupo Azura —donde las trabajadoras marroquíes son contratadas con salarios ínfimos—, las bandejas llegan a los supermercados con el sello “origine Maroc”, ocultando deliberadamente su verdadero origen: un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Del supermercado a la aduana: la acción que sacudió a Bruselas
Tras irrumpir en los almacenes, los agricultores de la Confédération Paysanne llevaron su denuncia a un supermercado Carrefour, donde informaron a los compradores del fraude y colocaron pegatinas explicativas en las bandejas de tomates cherry. Otros recogieron directamente las cajas procedentes del Sáhara Occidental y las trasladaron en carros hasta la oficina de aduanas de Perpiñán, subrayando el carácter ilícito de esas importaciones.
La protesta coincidió con un momento político clave: ese mismo día, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo sometía a votación la posibilidad de reconocer como “marroquíes” las denominaciones territoriales “Laâyoune-Saguia el-Hamra” y “Dakhla-Oued Ed-Dahab”.
Una maniobra que contraviene abiertamente la jurisprudencia del TJUE, según la cual Marruecos y el Sáhara Occidental son “dos territorios distintos y separados”, sin soberanía marroquí sobre el segundo y sin que pueda aplicarse la etiqueta “MA”.
Un voto histórico… perdido por una sola voz
El voto en Bruselas estuvo a punto de frenar la estrategia de marroquinización del territorio y de su producción agrícola. 359 eurodiputados votaron a favor de la etiqueta “Western Sahara (EH)”, quedándose a una sola voz de la mayoría absoluta.
La ausencia de varios eurodiputados franceses de La France Insoumise —que no participaron en la votación pese a encontrarse en el hemiciclo— evitó que la objeción prosperara.
Pese a este revés, el Centro de Análisis del Sáhara Occidental (CASO) destacó que la votación supone “un avance político enorme”: en 2019, los acuerdos pro-Marruecos fueron aprobados por 444 votos; hoy, más del 55 % del Parlamento se opone a seguir blanqueando la ocupación.
Un modelo de explotación que amenaza a los agricultores europeos y a todo un pueblo
La acción de Perpiñán evidenció un doble problema: La UE está permitiendo que empresas franco-marroquíes compitan de manera desleal contra los propios agricultores europeos gracias a un etiquetado fraudulento y a exenciones aduaneras que —según el sindicato— suponen hasta 6,6 millones de euros en aranceles no pagados. Y el pueblo saharaui no recibe ningún beneficio económico, mientras sus recursos hídricos, tierras y mano de obra son explotados por empresas instaladas ilegalmente en territorio ocupado.
Detrás de cada bandeja de tomate “marroquinizado” hay un entramado político, económico y jurídico que sostiene la ocupación. Y es precisamente esa normalización lo que la acción de Perpiñán quebró: por primera vez en años, la opinión pública europea vio claramente cómo un producto tan común como el tomate puede ser símbolo del colonialismo del siglo XXI.
El caso Azura anticipa nuevas batallas: el nuevo acuerdo de pesca UE–Marruecos, los recursos exportados con origen manipulado y, sobre todo, el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir sobre su tierra y sobre sus bienes.
Y, si algo ha demostrado la acción de los agricultores franceses, es que el debate ya no es solo diplomático o jurídico: el expolio está en los lineales del supermercado.
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