Fuentes diplomáticas citadas por El Confidencial y confirmadas por El Independiente aseguran que este domingo se celebra en Madrid una reunión bajo auspicios de Estados Unidos entre Marruecos y el Frente Polisario, con presencia de Argelia, Mauritania y el Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura. El encuentro, previsto en la embajada estadounidense en la capital española, se produce en un momento especialmente sensible: cincuenta años después del inicio del conflicto y tras la última resolución del Consejo de Seguridad que menciona la propuesta marroquí de autonomía como uno de los elementos del proceso político.

Si la reunión se confirma en los términos publicados, no estaríamos ante un simple contacto diplomático. La cuestión relevante no es únicamente el carácter discreto del encuentro ni su ubicación, sino el marco político en el que se inscribe y el equilibrio real entre los actores implicados.

La ONU está presente, pero ¿quién orienta el proceso?

La participación del Enviado Personal del Secretario General indica que el expediente continúa formalmente bajo el paraguas de Naciones Unidas. No puede hablarse, por tanto, de una sustitución plena del marco onusiano. El Sáhara Occidental sigue inscrito en el proceso de descolonización de la ONU y el mandato del Enviado Personal permanece vigente.

Sin embargo, la convocatoria, el impulso político y la organización logística parecen proceder de Washington. Esto revela un protagonismo creciente de Estados Unidos en la definición del ritmo y del contexto de la negociación. La diferencia no es menor: no se trata de que la ONU desaparezca de la mesa, sino de quién establece las prioridades y la interpretación política de las resoluciones existentes.

El marco jurídico no ha cambiado

Conviene recordar un punto esencial que a menudo queda diluido en el debate mediático: el Sáhara Occidental continúa siendo considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Ninguna resolución del Consejo de Seguridad ha reconocido la soberanía marroquí sobre el territorio. Tampoco la Asamblea General.

La resolución adoptada en octubre menciona la propuesta marroquí de autonomía como uno de los elementos presentados por las partes, pero no elimina ni sustituye el principio de autodeterminación. Reitera la necesidad de una solución política “justa, duradera y mutuamente aceptable”. Esa fórmula no deroga el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.

Interpretar la mención de la autonomía como conversión automática en marco exclusivo constituye una lectura política interesada, no una conclusión jurídica obligatoria.

Más páginas, mismo dilema

Según las informaciones publicadas, Marruecos habría presentado una versión ampliada de su plan de autonomía, ahora desarrollada en un documento de cuarenta páginas. El dato es significativo. Durante años, la propuesta se limitó a un esquema general de descentralización. Si ahora requiere mayor densidad normativa e incluso ajustes constitucionales, ello confirma que no se trata de una mera reorganización administrativa.

No obstante, el problema central permanece: una autonomía diseñada y concedida por la potencia ocupante no equivale al ejercicio del derecho de autodeterminación reconocido por el derecho internacional. La autodeterminación implica la posibilidad de elección libre entre opciones reales, no la aceptación de un modelo previamente delimitado.

MINURSO y el horizonte del referéndum

Algunas informaciones apuntan a la intención marroquí de reducir o vaciar progresivamente el mandato de la MINURSO. Este elemento es especialmente sensible. La misión fue creada en 1991 con un objetivo preciso: organizar un referéndum de autodeterminación.

Debilitar la misión no sería un simple ajuste técnico, sino un paso político de gran alcance. Significaría erosionar el último vínculo institucional que mantiene formalmente abierto el horizonte del referéndum pactado.

Madrid como escenario simbólico

La elección de Madrid añade una dimensión política inevitable. España desempeñó un papel determinante en 1975 y la cuestión de su responsabilidad histórica y jurídica continúa siendo objeto de análisis doctrinal. Que una reunión de estas características se celebre en la capital española, aunque por decisión logística de Washington y sin implicación directa del Gobierno español en su preparación, no es un dato neutro.

Dialogar es necesario; redefinir el derecho, no

El diálogo es preferible al bloqueo. Cualquier intento serio de reducir tensiones merece atención. Pero el avance político no puede construirse sobre una reinterpretación implícita del marco jurídico internacional.

El conflicto del Sáhara Occidental no es simplemente una cuestión de diseño institucional ni una disputa territorial convencional. Es un proceso inconcluso de descolonización. La presencia de Naciones Unidas en la mesa es una garantía formal importante. Lo decisivo será comprobar si el contenido de la negociación mantiene intacto el principio que sustenta todo el expediente: el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.

Ninguna reunión, por discreta que sea, puede sustituir ese derecho. Ninguna aceleración diplomática puede convertir en definitivo lo que el derecho internacional sigue considerando pendiente.

Por Victoria G. Corera
Plataforma de apoyo al pueblo saharaui