Precisamente la población saharaui estaba movilizada para denunciar la apertura del paso ilegal del Guerguerat, abierta por Marruecos en el año 2001. Maniobra esta expresamente prohibida en el Acuerdo de Paz de 1988 y en los acuerdos militares entre Marruecos y el Frente Polisario.

Como respuesta a la agresión marroquí, el Frente Polisario respondió a la ruptura del alto el fuego con una serie de enfrentamientos a lo largo del muro fronterizo para defender a la población civil, reactivando así un conflicto bélico latente desde hace 29 años.

La ciudadanía española ha podido comprobar año tras año como el pueblo saharaui apuesta por el diálogo y la negociación para alcanzar una solución pacífica a su aspiración de conformar la República Árabe Saharaui Democrática. El proceso se ha dilatado desde los acuerdos de Madrid -que ahora cumplen 45 años- con promesas incumplidas y la indiferencia de la comunidad internacional ante las reiteradas vulneraciones de Marruecos de los acuerdos adoptados y del derecho internacional.

Es por lo anterior por lo que desde La Coordinadora nos sumamos a la diferentes voces de la sociedad civil que están denunciando el aumento de la tensión y responsabilizando al reino alauita de una inestabilidad que se puede extender por todo el Magreb.

Pedimos al Gobierno de España, potencia administradora del Sáhara Occidental, que sea consciente de su responsabilidad en relación con el conflicto en esta región estratégica entre África y Europa.

Instamos a la MINURSO a retomar, sin más dilaciones, el proceso negociador que desemboque en la celebración del postergado referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. La guerra no es la solución a esta problemática, pero tampoco se puede demorar la expresión democrática de la población del Sahara Occidental.

Reclamamos que se garantice el establecimiento de un corredor humanitario para atender a los campos de refugiados saharauis así como a la población civil afectada por las acciones bélicas.