Manifiesto «Somos Conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental» – #SomosConscientesSahara

Manifiesto «Somos Conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental» – #SomosConscientesSahara

TEXTO COMPLETO DEL MANIFIESTO «Somos Conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental»

La historia del Sahara Occidental está intrínsecamente relacionada con la del Estado español y las personas  que lo habitan. Por un lado, la colonización de este  territorio durante casi un siglo ha dejado a la antigua  metrópolis un legado de responsabilidad por su situación  irresuelta. Por otro, la posición de subalternidad a la que  quedaba relegada la población saharaui por este hecho no  evitó que se crearan vínculos sentimentales y emocionales,  culturales, sociales, económicos, familiares… con personas  españolas. La historia reciente del pueblo saharaui está  ligada a la nuestra en esa doble dimensión. 

Como periodistas, narradores y narradoras de lo que  acontece en el mundo, somos conscientes del marco en el  que se inscribe esa relación, y de que sigue condicionando lo que ocurre en el Sáhara Occidental, también ahora.

El Estado español tiene una responsabilidad con el  pueblo saharaui. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid en  ningún momento transfirieron la soberanía ni a Marruecos  ni a Mauritania. Como reconocen los organismos internacionales y la propia Justicia española, el Estado español  sigue siendo la potencia administradora del proceso de  descolonización del Sáhara Occidental, un territorio no  autónomo según la definición de Naciones Unidas. En este  sentido, la Audiencia Nacional declaró en 2014 en un auto  de la Sala de lo Penal presidida por Fernando Grande-Marlaska Gómez que: 

España al ingresar en las NN.UU., y firmar la Carta de  las Naciones, San Francisco, 26 junio 1945 -publicado  en BOE el 16 de noviembre 1990- reconoció el hecho colonial del Sahara español, contrayendo una serie  de obligaciones, y convirtiéndose en Potencia admi nistradora. En esta dirección, la Asamblea General de  Naciones Unidas aprobó la Resolución 2072, de 16 de  diciembre de 1965, por la que se considera a España  potencia administradora sobre el Sahara español.  Como potencia administradora se obliga según el  apartado a) del artículo 73: «a asegurar, con el debido  respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto políti co, económico, social y educativo, el justo tratamiento  de dichos pueblos y su protección contra todo abuso…” 

Pero España ha dejado caer en la desmemoria su  relación con las colonias que durante siglos ocupó de una  forma extractiva, un pasado oscuro que sigue sin abordar se. La cuestión saharaui es el caso en el que las consecuen cias de ese pasado irresuelto se muestran de un modo  más paradigmático y más claro. Al no resolverla, el Estado  español sigue instalado en una página negra de la historia  de la humanidad, la colonización, que todavía no ha sido  capaz de cerrar. 

España abocó a los saharauis a la guerra en 1975, al  vender el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y  Mauritania. La guerra duró hasta 1991, cuando se firmó  el alto el fuego bajo la promesa de Naciones Unidas de  celebrar un referéndum de autodeterminación para que el  pueblo saharaui decidiera su futuro político. Una consulta  que nunca se llegó a celebrar por el bloqueo de Marruecos.  

Ahora, la guerra ha vuelto al Sáhara Occidental. Fue  Marruecos quien violó el alto el fuego el pasado 13 de  noviembre, cuando soldados marroquíes entraron a zona  neutral para disolver una manifestación pacífica de civiles  saharauis. El regreso a las armas del Frente Polisario, tras  29 años apostando por una solución pacífica y diplomá tica, es un fracaso de la humanidad, más concretamente  de Naciones Unidas y de la gobernanza global basada en  el multilateralismo; así como de España, que sigue siendo  legalmente la potencia administradora del territorio. 

El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo  según la definición de las Naciones Unidas, y su derecho  de autodeterminación está refrendado por los tribunales internacionales. Por ello, el reciente anuncio en que el  presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump,  afirmaba la soberanía marroquí sobre el Sáhara está fuera  de derecho y no puede ser considerado como aceptable  por las propias Naciones Unidas —organización respon sable de encontrar una solución aceptable por las partes  basada en el derecho a la libre determinación del pueblo  saharaui—. Trump ha actuado contra el multilateralismo,  contra una forma de gobernanza y de convivencia global  que nos hace partícipes a todas las personas del mundo en  el que vivimos. 

Durante cuarenta y cinco años, el pueblo saharaui ha  sido sometido a las duras condiciones del exilio y el refugio  o de la ocupación. Las zonas ocupadas por Marruecos  son “una cárcel a cielo abierto” para la población saha raui. Se han violado sistemáticamente sus derechos más  elementales: reunión, expresión, identidad, culturales,  sociales, económicos, a la integridad física, a la propia  vida. Desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, juicios  sin garantías procesales…  

Desde la ruptura del alto el fuego, la situación en los  territorios ocupados se ha hecho más peligrosa y dura  para la población saharaui, en especial para activistas  que defienden los Derechos Humanos y para periodistas.  Informes de organizaciones como la Organización Mundial  Contra la Tortura o Reporteros Sin Fronteras han dado a  conocer los recientes asedios a las casas de periodistas  saharauis de colectivos como Equipe Media o la Funda ción Nushatta, así como intentos de secuestros de estos  periodistas saharauis, residentes en las zonas ocupa das. También la Instancia Saharaui contra la Ocupación  Marroquí, de la que forman parte activistas de reconocido  prestigio internacional como Aminatou Haidar o El Ghalia  Djimi, se ha hecho eco de esta situación. Las amenazas y coacciones a través de redes sociales contra estas personas  que se dedican a la información y la comunicación son  habituales.  

Tampoco debe olvidarse, en este sentido, que siete pe riodistas saharauis se ven privados de su libertad, disper sos en prisiones marroquíes. Cuatro de ellos forman parte  del conocido grupo de Gdeim Izik: Bachir Khada (Equipe  Media, 20 años de cárcel), Hassan Dah (TV RASD y Equipe  Media, 25 años de cárcel), Mohamed Lamine Haddi (RASD Radio, 25 años de cárcel) y Abdalahi Lechfauni (co laborador de Equipe Media, cadena perpetua). Los otros  tres son Mohamed Bambari (6 años de cárcel), Oualid El  Batal (2 años de cárcel) y Faraji Khatri Dadda (20 años de  cárcel). Esta situación también contraviene la legislación  internacional. El derecho a la información, libertad de  expresión y comunicación están reconocidos en diversos  tratados y compromisos, especialmente cuando se trata  de una zona en conflicto, como el Sáhara. Así lo indican la  propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en  su artículo 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos, en su artículo 19; y la norma 34 del Derecho  Internacional Humanitario.  

Todo el sufrimiento generado al pueblo saharaui desde  hace décadas es consecuencia de los deberes y obligacio nes incumplidas por España. Por ello, el Estado español  tiene la posibilidad y la responsabilidad de tomar y liderar  la iniciativa que dé una solución acorde al Derecho Interna cional. Una postura valiente, que devuelva a España a una  política exterior activa que cumpla con la Carta Universal  de los Derechos Humanos y con lo indicado por el Comité  Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Una políti ca responsable con su papel en el mundo y con su historia. 

Más allá de la responsabilidad jurídica, el vínculo entre  la sociedad española y la saharaui se revela en muchos  ámbitos. Culturalmente, se trata de un pueblo hermano  con el que compartimos lengua, arte e imaginario colectivo. Iniciativas como el FiSahara, ARTifariti y Un micro por  el Sáhara han unido a la cultura española con la saharaui  durante años. Esos lazos también tienen que ver con la  memoria histórica y democrática: es necesario recordar  que, igual que tenemos la responsabilidad de abrir las  cunetas para resolver nuestro pasado en la Península,  también hay cunetas en el desierto. También hay cuerpos  con DNI español enterrados bajo aquella arena. 

Los lazos solidarios duran hasta hoy. El programa Vacaciones en Paz ha hecho que decenas de miles de familias  españolas hayan acogido a menores saharauis durante décadas. Familias que ahora ven cómo esos jóvenes se visten  de soldados, van al frente, ante la carencia de perspectivas  de futuro y de posibilidades 

En cuanto a los vínculos económicos, el Sáhara es un  territorio rico en recursos naturales. Estos están siendo  explotados por Marruecos y por empresas multinacionales  (muchas de ellas españolas), sin que la población saharaui  se beneficie, en contra de lo que establece la legislación  sobre territorios no autónomos. Es un expolio constan te. La política exterior española no solo puede servir a  grandes empresas: tiene que tener en cuenta los derechos  humanos.  

Es curioso observar que en el momento en que se  cerraba el régimen franquista y se iniciaba la Transición  democrática el Sáhara estaba en el centro del momento  

político; y que también ahora, cuando la historia política  española vive un nuevo punto de inflexión, el Sáhara  vuelve a estar presente. En aquel momento, la solución no  fue tal y el problema y el sufrimiento de todo un pueblo se  mantuvo durante décadas. Hoy, aunque tarde, puede ser  el momento para empezar a buscar soluciones acordes a  la legalidad internacional.  

Si el problema es político, la solución es política. El  Estado español ha de asumir la responsabilidad y ser un  agente activo en la solución de este problema; y la socie dad civil y la opinión pública son elementos fundamentales  para conseguir ese objetivo. Si no se actúa hoy, el conflicto  del Sáhara Occidental seguirá siendo un bochorno, una  hipoteca para la dignidad de España. 

Somos conscientes de los lazos históricos y de los lazos  presentes. Somos conscientes de la responsabilidad con  la memoria y con el futuro. Y porque somos conscientes,  lo hemos de reflejar a la hora de informar y narrar lo que  acontece. No podemos permitir que un silencio informativo arroje más olvido sobre este pueblo.