El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska reivindica su actuación en la crisis abierta por las denegaciones masivas a activistas saharauis solicitantes de asilo. Tras ignorar las recomendaciones del Defensor del Pueblo respecto a los traductores de origen marroquí, Grande-Marlaska ha defendido este lunes la expulsión pactada con Marruecos de una decena de activistas saharauis que protagonizan desde el pasado sábado una huelga de hambre en el aeropuerto madrileño de Barajas. Entre los amenazados con la deportación, figuran un joven sordo y enfermo de cáncer y una pareja con una niña de año y media. Su madre sufrió la semana pasada un aborto.

«Van a ser devueltos con la ratificación judicial al respecto», ha manifestado escuetamente Grande-Marlaska en declaraciones a los periodistas durante su visita a la cárcel de León, ubicada en el municipio de Mansilla de las Mulas, para conmemorar la festividad de la Merced, patrona de la administración penitenciaria. A juicio de Grande-Marlaska, los activistas saharauis que permanecen en el aeropuerto de Barajas y condenados a la deportación «no son acreedores de protección internacional de conformidad con la ley».

Interior ha asegurado este lunes haber acordado la devolución a Marruecos de diez activistas saharauis con supuesto pasaporte marroquí que permanecían desde hace días en el aeropuerto de Barajas en Madrid tras solicitar asilo y ha sido denegado. Cerca de una treintena de saharauis solicitantes de protección internacional y procedentes de los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos iniciaron el sábado una huelga de hambre en el aeropuerto madrileño de Barajas ante las repetidas denegaciones despachadas por el Ministerio del Interior en lo que consideran un rechazo colectivo y automático que ignora las razones de su salida de la ex colonia española y el riesgo cierto de sufrir represalias y atentados contra su integridad física si son deportados.

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