La visita oficial a Marruecos de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Alice Jill Edwards, prevista entre el 23 de marzo y el 2 de abril de 2026, ha sido aplazada a petición del propio Gobierno marroquí. El anuncio, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR), se produce en un momento especialmente relevante, ya que la misión incluía desplazamientos a distintas regiones del país, entre ellas El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado.

Según la nota oficial difundida por Naciones Unidas, Marruecos ha solicitado posponer la visita alegando la declaración de un día festivo nacional con motivo del Eid al-Fitr, lo que habría dificultado la organización de reuniones con autoridades e instituciones. La Relatora ha confirmado que continuará trabajando con el Gobierno para fijar nuevas fechas.

Alice Jill Edwards ha señalado que su intención es mantener el proceso en marcha y ha invitado a las partes implicadas a seguir proporcionando información relevante para poder evaluar la situación, incluso mientras se concretan los nuevos plazos de la visita.

Más allá de la explicación oficial, el aplazamiento adquiere una dimensión particular si se tiene en cuenta que la visita incluía El Aaiún, principal ciudad del Sáhara Occidental ocupado. Este tipo de misiones internacionales resulta especialmente sensible en el territorio, donde desde hace años se denuncian restricciones al acceso de observadores independientes, periodistas y mecanismos internacionales de derechos humanos.

La eventual presencia de una Relatora de la ONU especializada en tortura y malos tratos habría permitido documentar sobre el terreno denuncias reiteradas de abusos contra activistas saharauis, en un contexto marcado por la falta de mecanismos permanentes de supervisión internacional.

El aplazamiento se inscribe, además, en un marco más amplio en el que el acceso al Sáhara Occidental por parte de actores internacionales sigue siendo limitado. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones obstáculos a la observación independiente, así como restricciones a la labor de periodistas y delegaciones internacionales.

En este contexto, la ausencia de un mandato de derechos humanos dentro de la MINURSO refuerza la importancia de este tipo de visitas, que constituyen una de las pocas vías para obtener información directa sobre la situación en el territorio.

El retraso de la misión, por tanto, no es un hecho menor. Vuelve a poner de relieve las dificultades para garantizar un escrutinio internacional efectivo en el Sáhara Occidental, un territorio que sigue pendiente de descolonización y donde el acceso a mecanismos independientes continúa siendo limitado.