En las últimas semanas, la relación entre España y Marruecos ha dejado de ser un simple desencuentro diplomático para transformarse en un pulso político impulsado desde Rabat. El detonante ha sido un gesto legítimo: la invitación por parte del Partido Popular a un representante saharaui defensor del derecho internacional en el Sáhara Occidental. Esta acción simbólica ha bastado para provocar una reacción desproporcionada del Reino de Marruecos: envío de cartas intimidatorias al PP, cierre unilateral de los pasos aduaneros en Ceuta y Melilla, agresiones a ciudadanos españoles, campañas de odio en redes sociales y, más grave aún, la reactivación del llamado Comité de Coordinación para la Defensa de las Causas del Reino.
Este comité, dirigido por Yahya Yahya y relanzado en julio de 2025, tiene como objetivo declarado “defender los territorios marroquíes ocupados”, refiriéndose abiertamente a Ceuta, Melilla y el islote de Perejil. Estas reivindicaciones, impulsadas por el makhzen y el discurso expansionista de Rabat, convierten a las dos ciudades autónomas españolas en objetivos políticos y símbolos de confrontación.
No es la primera vez que Marruecos recurre a la presión para condicionar la política exterior española: en 2021, abrió las fronteras a miles de migrantes hacia Ceuta como represalia tras la acogida humanitaria de un dirigente del Frente Polisario. Desde entonces, la estrategia marroquí combina chantaje migratorio, asfixia económica mediante el cierre de fronteras, campañas de desinformación y revisionismo histórico, con el fin de debilitar la soberanía española y acallar cualquier apoyo, incluso simbólico, al pueblo saharaui.
La preocupación de la sociedad española por esta deriva es creciente. Según el último barómetro del Real Instituto Elcano, un 55 % de los españoles perciben ya a Marruecos como la principal amenaza exterior. Entre los motivos figuran:
- Las presiones e intentos de intimidación a partidos democráticos.
- La impugnación abierta de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
- Las amenazas apenas disimuladas de las autoridades marroquíes.
España no puede ni debe permanecer impasible ante esta ofensiva. Defender el derecho internacional en el Sáhara Occidental no es una provocación, sino una obligación ética, legal e histórica. La verdadera amenaza para la estabilidad regional procede del autoritarismo de Rabat, de su ambición territorial y de su estrategia sistemática de coacción.
Pese a la presión, Marruecos debe asumir una realidad que no puede cambiar: la solidaridad con el pueblo saharaui trasciende las diferencias ideológicas en España. Desde Sumar hasta parte de Vox, pasando por Podemos, ERC, Bildu, el PP o Ciudadanos, existe un amplio consenso político que defiende el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
Solo Pedro Sánchez se apartó de esa posición histórica en 2022, cuando, de manera opaca y en contra del consenso nacional, respaldó la propuesta marroquí de una “autonomía” bajo soberanía de Rabat. Un giro que fue fruto de la presión, que vulnera el derecho internacional, que fue rechazado por las Cortes y que la mayoría de la sociedad española no comparte.
Rabat no puede doblegar a toda una democracia ni silenciar una convicción compartida: la defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
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Junio saharaui: Ataques a los Derechos Humanos del pueblo saharaui, el suma y sigue de Marruecos noteolvidesdelsaharaoccidental.org/junio-sahara…
— CAUSA SAHARAUI (@carlos1951.bsky.social) 14 de julio de 2025, 16:23