La israelí NewMed Energy había anunciado el pasado diciembre un acuerdo con la Oficina Nacional de Hidrocarburos marroquí y Adarco para buscar gas y petróleo en la costa del Sahara. Agencias
La política del régimen marroquí, centrada en la ocupación del Sáhara Occidental, no solo tiene consecuencias geopolíticas o diplomáticas, sino que perjudica gravemente a su propia población. La prioridad absoluta que el rey Mohamed VI otorga al control del Sáhara Occidental consume recursos económicos, bloquea reformas, frena el desarrollo social en el resto del país y está sujeto a chantajes que otros países puedan hacer a cambio de un simple «reconocimiento».
Mientras el régimen invierte miles de millones en infraestructura, seguridad y propaganda en los territorios ocupados, las regiones del norte, el Atlas y zonas rurales viven en el abandono, sin acceso digno a sanidad, educación o empleo. Esta desigualdad alimenta el descontento social y la desesperación, empujando cada año a decenas de miles de marroquíes a emigrar.
Muchos de estos ciudadanos terminan en Europa, especialmente en España, donde más de 350.000 están afiliados a la Seguridad Social, y miles de menores viven sin tutela, fruto de una emigración forzada por la precariedad estructural.
El conflicto del Sáhara Occidental no es solo una cuestión territorial: es la base que sostiene el poder del rey y la elite político-militar. Sin él, el régimen perdería su narrativa unificadora, sus recursos estratégicos (como los fosfatos de Bou Craa, la pesca, la arena, los minerales o la energía), y parte de su legitimidad interna. Esto explica la violenta represión de cualquier disidencia interna, el chantaje con la inmigración contra Europa, y el uso de medios como el “Marocgate” para comprar voluntades en el Parlamento Europeo.
El acercamiento reciente a los BRICS, promovido por el director del Nuevo Banco de Desarrollo, Anand Kumar Srivastava, choca con la realidad: Marruecos busca inversiones, pero no puede integrarse políticamente a un bloque donde Sudáfrica defiende la causa saharaui. Su participación sería, como hasta ahora, económica pero sin coherencia política ni compromiso con los supuestos valores fundacionales del grupo, como la descolonización.
La continuidad del régimen está atada al Sáhara Occidental, pero ese vínculo no fortalece a la sociedad marroquí, la empobrece. En lugar de invertir en su ciudadanía, Marruecos prioriza un conflicto que sostiene su aparato autoritario a costa del futuro de su gente. Mientras exporta recursos, niños y mano de obra, el país importa represión, desigualdad y desafección.
La política del Sáhara Occidental no es solo un conflicto internacional: es una herida profunda en el desarrollo y la dignidad del pueblo marroquí.
El pueblo marroquí es rehén de un proyecto expansionista que sacrifica su bienestar por el control de un territorio que ni la ONU reconoce como suyo.
