Este artículo se basa en el reportaje de la periodista Sonia Moreno en El Español, titulado “Marruecos ejerce su control sobre las aguas del Sáhara tendiendo un cable hasta Canarias al margen de la UE”. El objetivo es ofrecer una visión más amplia sobre el significado y las consecuencias de este proyecto en el marco del conflicto del Sáhara Occidental.
Marruecos impulsa la instalación de un cable submarino de nueva generación que conectará el archipiélago canario, partiendo desde Arinaga (Gran Canaria) y pasando por Fuerteventura, con la costa atlántica africana. Las autoridades marroquíes contemplan puntos de amarre en Tarfaya o Bojador, ambos situados en el Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos desde 1975 y que el Derecho Internacional clasifica como territorio no autónomo pendiente de descolonización. El despliegue, previsto para entrar en funcionamiento en 2026, se lleva a cabo sin la participación ni el consentimiento del pueblo saharaui, ignorando así el mandato de la ONU sobre su derecho a decidir su futuro político.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado varias sentencias —la más reciente el 4 de octubre de 2024— estableciendo que cualquier acuerdo o proyecto que afecte al Sáhara Occidental y cuente con la implicación de la Unión Europea requiere el consentimiento expreso del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. El catedrático Juan Soroeta subraya que esta exigencia no es meramente formal: responde a la obligación de la UE de respetar el principio de autodeterminación y evitar beneficiarse de recursos o actividades en un territorio ocupado. Aunque el proyecto del cable se presenta como una iniciativa tecnológica, su trazado y puntos de amarre constituyen, de facto, un acto de consolidación del control marroquí sobre aguas que no le pertenecen legalmente.
El trasfondo de esta infraestructura va más allá de la conectividad digital. Marruecos persigue afianzar su presencia marítima y su proyección hacia Canarias, integrando el Sáhara Occidental en sus redes nacionales para dar apariencia de normalidad a una ocupación ilegal. Esta estrategia forma parte de una política más amplia que combina hechos consumados sobre el terreno, explotación de recursos naturales y acuerdos bilaterales que eluden o ignoran las resoluciones internacionales. La instalación del cable submarino podría servir, además, como base para futuros proyectos logísticos, energéticos o militares en la zona.
El riesgo para la Unión Europea es doble. Por un lado, corre el peligro de ser cómplice, directa o indirectamente, de una vulneración del Derecho Internacional si no establece con claridad que cualquier infraestructura que incluya territorio saharaui debe contar con la autorización de su pueblo. Por otro, se enfrenta a un precedente que podría erosionar su credibilidad como actor internacional comprometido con la legalidad y los derechos humanos. La pasividad frente a este tipo de iniciativas fortalecería la posición de Marruecos y debilitaría las herramientas jurídicas que el propio TJUE ha desarrollado para proteger a los pueblos bajo ocupación.
La cuestión no es si un cable submarino es bueno o malo en términos tecnológicos, sino qué mensaje envía su construcción sin consentimiento saharaui. Bajo la apariencia de un avance digital, el proyecto encubre una nueva forma de ocupación, más silenciosa pero igualmente efectiva. Frente a ello, se impone la necesidad de una respuesta política y jurídica que reafirme el principio de autodeterminación y frene la normalización de la anexión. No se trata solo de proteger la legalidad, sino de impedir que la infraestructura se convierta en un instrumento más de la colonización marroquí en el Sáhara Occidental.