Contramutis / Alfonso Lafarga.-
La ONU, La Unión Europea y España se mantienen en silencio ante el peligro al que están expuestos los presos políticos saharauis por el Covid-19.
Numerosas organizaciones han dado la voz de alarma ante el peligro que corren los presos políticos saharauis, encerrados en cárceles insalubres.
El Gobierno de Marruecos hace oídos sordos a las continuas y numerosas peticiones de libertad para los presos políticos saharauis ante el peligro que corren en las insalubres cárceles marroquíes por la pandemia del coronavirus.
Estos presos, según denuncia el grupo periodístico saharaui Equipe Media en una campaña secundada en España por personalidades de la política y del cine, padecen secuelas por las torturas a las que han sido sometidos, sufren enfermedades de las que apenas son atendidos y se encuentran recluidos en espacios reducidos, masificados y sin las mínimas condiciones sanitarias.
Desde que se conoció la expansión del coronavirus numerosas organizaciones dieron la voz de alarma ante el peligro al que están sometidos los 39 presos políticos saharauis, que cumplen condenas impuestas en juicios denunciados por organizaciones internacionales por la ausencia de pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura.
EM dice que “los interrogatorios se refirieron a la relación del acusado con el Frente Polisario, a su participación en manifestaciones y a la defensa del derecho de autodeterminación”, para después ser condenados muchos de ellos por desacato, tráfico de drogas o “formación de banda criminal y violencia hacia las fuerzas de la policía con resultado de muerte”.
Ausencia de medidas preventivas
La Liga para la protección de los presos saharauis en las cárceles marroquíes (LPPS) denuncia la falta de medidas preventivas en las cárceles para hacer frente al coronavirus, señalando como único gesto el de proporcionarles el 3 de abril un trozo de jabón mohoso, y citó el caso de Abdelmoula Elhafidi, en la prisión de Ait Melou, al que no se le permitió ducharse durante un mes, según el testimonio de su hermana.
Además, las autoridades penitenciarias se han negado a recibir a Abdullah Lakhfaouni, del grupo de Gdeim Izik, preso en la cárcel de Kenitra, que quería exponer la vulnerable situación en la que se encuentran; hizo una huelga de hambre de 48 horas para llamar la atención de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de DD.HH.
Precisamente la Comisionada de las NN.UU. para los DD.HH., Michèle Bachelet, ante el peligro del Covid-19 pidió la libertad de las personas encarceladas “sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”.
En el caso de los reclusos saharauis varias organizaciones han pedido a Marruecos su libertad, como Amnistía Internacional, o la intervención de la ONU, como la carta de PUSL con más de 750 firmas de los 5 continentes de partidos políticos, diputados, asociaciones, ONG, sindicatos, movimientos de mujeres, investigadores, académicos, escritores, autores, periodistas, médicos, enfermeras y maestros.