El periodista «Gonzo» del programa «Salvados» de La Sexta explica la expulsión del equipo desde el aeropuerto de Tánger.
- Reporteros extranjeros de investigación son expulsados casi sistemáticamente por abordar temas espinosos para el país, como le sucedió al equipo de “Salvados”
- La organización denuncia el acoso que sufren periodistas españoles cada vez que hay una crisis con Marruecos
Las expulsiones de periodistas extranjeros se han disparado en Marruecos desde 2015. Afectan especialmente a profesionales que acuden al país para investigar temas considerados “sensibles” por las autoridades. Es lo que le sucedió a un equipo de cinco periodistas del programa “Salvados”, emitido por la cadena española de TV “La Sexta”, así como su traductor marroquí, que fueron retenidos e interrogados por la policía el 5 de julio, cuando se disponían a reunirse con familiares y allegados de las 29 personas fallecidas, ahogadas y electrocutadas, en un taller textil de Tánger, en febrero de 2021. Los reporteros españoles fueron expulsados del país poco después de ser interrogados.
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Periodistas españoles, chivos expiatorios
La expulsión del equipo de La Sexta se produce, además, en un contexto de recrudecimiento de las tensiones del Gobierno marroquí para con los periodistas españoles que cubren la crisis diplomática entre el reino alauita y la Unión Europea, abierta por la hospitalización en España, el pasado mes de abril, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, enfermo de Covid. Cada vez que se produce una crisis bilateral, los periodistas españoles se transforman en chivo expiatorio de las autoridades marroquíes.
El periodista del diario «El Confidencial” Ignacio Cembrero es una de las víctimas de estas presiones. Objetivo de las autoridades marroquíes desde hace años, ha sufrido campañas de difamación en las redes sociales, así como en diarios digitales próximos al Gobierno. “Menos mal que no estoy en Marruecos, podría acabar como [Suleimán] Raissouni”, advertía recientemente, en alusión al periodista marroquí condenado a cinco años de cárcel en un proceso sin garantías, y cuya salud está al limite tras más de 90 días de huelga de hambre.
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