El ministro de Justicia marroquí acusa a España de incumplir procedimientos de extradición y repatriación y vuelve a situar abiertamente el control de los flujos migratorios en la relación entre Madrid y Rabat.
El ministro de Justicia marroquí acusa a España de incumplir procedimientos de extradición y repatriación y vuelve a situar abiertamente el control de los flujos migratorios en la relación entre Madrid y Rabat.NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL | 12 de agosto de 2026
El Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España, según ha afirmado este miércoles el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista con la Agencia EFE. La advertencia parte inicialmente de una disputa judicial, pero las declaraciones del ministro terminan entrando de lleno en otro terreno mucho más sensible: las repatriaciones y el control de la migración hacia territorio español.
Ouahbi asegura que Rabat ha detectado casos en los que Marruecos solicita la extradición de una persona, las autoridades españolas la detienen e identifican y se fija incluso una fecha para su entrega, pero cuando agentes marroquíes se desplazan para hacerse cargo de ella la operación finalmente no se produce. El ministro considera «incomprensibles» estas situaciones y reclama a España que trate «con seriedad» los procedimientos de extradición.
El convenio bilateral actualmente vigente fue firmado en Rabat en 2009 y entró definitivamente en vigor en septiembre de 2012. Su texto establece la entrega recíproca de personas reclamadas judicialmente bajo determinadas condiciones. Conviene distinguir, sin embargo, entre la extradición penal y las repatriaciones migratorias: son procedimientos jurídicos diferentes, aunque Ouahbi los haya unido políticamente en la misma entrevista.
Y es precisamente ahí donde sus declaraciones adquieren otra dimensión. El ministro sostiene que Marruecos tampoco está dispuesto a aceptar incumplimientos en las repatriaciones y afirma que, si España no respeta los procedimientos de entrega y retorno, Rabat podría suspender «estos acuerdos».
Ouahbi va todavía más lejos al criticar que Marruecos impida la salida hacia España de ciudadanos marroquíes y de migrantes de otros países mientras, según su versión, quienes consiguen alcanzar territorio español son posteriormente aceptados o regularizados. Su razonamiento termina con una frase especialmente significativa: «Abramos entonces las fronteras».
Las palabras llegan apenas unas semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, que abrió una nueva crisis en las relaciones hispano-marroquíes y obligó a ambos gobiernos a negociar mecanismos para acelerar las devoluciones. Marruecos sostuvo entonces públicamente su compromiso con la cooperación migratoria y rechazó las acusaciones de haber utilizado deliberadamente el flujo hacia la ciudad española.
Ahora, sin embargo, un miembro del Gobierno marroquí introduce de forma explícita el control de las salidas migratorias como argumento en una disputa bilateral con España. No demuestra por sí solo qué ocurrió en Ceuta ni permite atribuir automáticamente aquellos acontecimientos a una decisión concreta de Rabat, pero sí deja constancia de algo políticamente relevante: Marruecos considera su capacidad para impedir o permitir los movimientos hacia la frontera española como una pieza de la relación entre ambos países.
La amenaza sobre el convenio de extradición tiene, además, un recorrido jurídico propio. El acuerdo bilateral establece que cualquiera de los dos Estados puede denunciarlo mediante una notificación escrita por vía diplomática y que esa denuncia surtiría efecto un año después. La posibilidad mencionada por Ouahbi de «suspender su aplicación» plantea, por tanto, interrogantes sobre qué mecanismo concreto pretende utilizar Rabat.
La entrevista de EFE vuelve así a colocar sobre la mesa una relación cada vez más difícil de separar de tres elementos que aparecen una y otra vez cuando surge una crisis entre Madrid y Rabat: fronteras, migración y cooperación bilateral.
Y esta vez no es una interpretación exterior. Es el propio ministro de Justicia marroquí quien plantea públicamente que, si España acepta a quienes logran llegar, Marruecos podría preguntarse por qué tiene que seguir impidiendo que salgan.