Marruecos abre y cierra el flujo migratorio tanto en el estrecho, Ceuta y Melilla, como en el Atlántico, costas del Sáhara ocupado, como método de presión para condicionar la actitud del gobierno de España.

En 2020 llegaron a las costas canarias algo más de 22.000 migrantes. Una cifra que crece un 688% respecto a 2019 y que representa más de la mitad del total de migrantes que han llegado a España durante el año. Este estallido migratorio, cuyo precedente más reciente se encuentra en la “crisis de los cayucos” de 2006, tiene su explicación en la vuelta a las armas en el Sáhara.

La declaración del Estado de guerra del Frente Polisario el pasado 14 de noviembre ha sido respondida por Rabat permitiendo la salida masiva de migrantes desde las costas de los territorios saharauis ocupados; una clara advertencia al gobierno español para condicionar su posicionamiento en el conflicto. Es la ya conocida política de chantaje migratorio, una táctica altamente efectiva para Marruecos.

Aunque la hábil diplomacia marroquí trata de desvincular ambos hechos, las cifras evidencian lo contrario. Tan solo en los tres últimos meses del año llegaron a España 20.000 migrantes, en su inmensa mayoría a través de la ruta Sáhara-Canarias. El boom migratorio comenzó en octubre, mes en el que civiles saharauis comenzaron el bloqueo del paso del Guerguerat. Desde entonces el flujo aumentó durante los meses de noviembre y diciembre, cuando las hostilidades ya eran un hecho.

Marruecos argumentó que “precisaba de más ayuda militar” para la vigilancia fronteriza. Algo poco creíble teniendo en cuenta que las costas desde las que parten los migrantes, las del Sáhara ocupado, son los territorios más militarizados del Norte de África. En el territorio saharaui controlado por Marruecos se encuentran desplegados más de 100.000 soldados. Allí se ejerce un control severo de la población y se controlan de manera implacable los flujos migratorios.

Estas personas proceden del África subsahariana, y tras atravesar el Sahel llegan a ciudades como Dajla o Bojador (Sáhara ocupado), donde esperan durante semanas y meses a que una mafia les consiga una plaza en una barcaza. Pero el perfil mayoritario de migrante es el del marroquí que huye una pobreza y miseria endémica ahora agravada por la COVID.

Los viajes, organizados por mafias, son tolerados o restringidos por el rey Mohamed VI, quien abre y cierra el flujo migratorio en función de las circunstancias políticas. Los migrantes viajan en barcazas de pesca con las que recorren los el tramo de Atlántico que les separa de las Canarias.

Marruecos ha permitido que estos peligrosísimos viajes se multipliquen como método de presión a España. En 2020 fallecieron intentando llegar a España 2.170 personas, de las cuales el 85% (1.851) lo hicieron en la “ruta canaria”, donde se registraron al menos 45 naufragios según el colectivo Caminando Fronteras; cifras que la convierten en la ruta más peligrosa de toda Europa. Mohamed VI utiliza el drama de las personas refugiadas como un peón más en la geopolítica mundial. Una política cobarde e inhumana que es permitida por las potencias europeas.

La respuesta del Gobierno español, lejos de denunciar el chantaje marroquí, ha sido la de movilizar en pleno su diplomacia para satisfacer a la dictadura al alauita. Destacable es el caso del Ministro de Interior Grande-Marlaska, quien en su etapa como juez de la Audiencia Nacional dictó en el auto 40/2014 de la Sala de lo Penal que “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio (Sáhara Occidental), y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas” en la Carta de NNUU.

Poco de su propia sentencia parece recordar, pues ya ha realizado siete viajes oficiales a Marruecos desde que está al frente de Interior. El último a mediados de noviembre, en plena “crisis migratoria”. Allí se reunió con su homólogo alauita e intentó contentar sus pretensiones, las propias fuentes marroquíes admitieron que se trató el tema del Sáhara, algo que explicaría el riguroso silencio que ha caracterizado a la diplomacia española desde el inicio del conflicto.

Madrid ratifica así su alianza con Rabat. Control migratorio a cambio de inmovilismo ante nuestra excolonia.

Por la vía de los hechos, el gobierno PSOE-UP mantienen la “política de Estado” aplicada hacia el Sáhara Occidental desde Adolfo Suárez, la del silencio. La pregunta es hasta cuándo España seguirá cediendo al chantaje marroquí y dará la espalda a sus responsabilidades internacionales pues, como bien sabe su Ministro del Interior, sigue siendo potencia administradora del Sáhara. A luz de lo sucedido parece que, “el Gobierno más progresista de la democracia” seguirá escribiendo la historia a espaldas del pueblo saharaui.