En 1977, el Partido Comunista presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que ponía en valor la resolución de 1975 de Naciones Unidas que apostaba por la autodeterminación del pueblo saharaui. Quien firmaba aquella iniciativa parlamentaria era Ramón Tamames. En ella, también instaba al Gobierno a trabajar por «la negociación necesaria y urgente entre todas las partes interesadas, con vistas a la aplicación del derecho inalienable del pueblo saharaui a autodeterminar, en el sentido que lo desee, su futuro».

Medio siglo después (que es también medio siglo de la ocupación marroquí), ese derecho a la autodeterminación ha permanecido en horizonte como un espejismo, que ha sido borrado de un plumazo con la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha renovado otro año su misión en el Sáhara Occidental, pero fundamentándola en el plan de autonomía diseñado por Marruecos, que destruye cualquier esperanza en un referéndum de autodeterminación.

La revisión de las iniciativas referentes al Sáhara presentadas en el Congreso de los Diputados desde el inicio de la democracia arrojan algunas certezas acerca de la relación de la política española con dicho territorio. El volumen de las que se han registrado desde 1977 —108 según el recuento que ha hecho Público— evidencia la responsabilidad de España con respecto al pueblo saharaui. El hecho de que los promotores de las distintas iniciativas hayan sido partidos de diversísima índole (el PCE, el PP, UPyD, Sumar, el PSOE, el PNV o ERC) refleja la transversalidad de la preocupación por el Sáhara. Y si se atiende a lo que defienden las distintas iniciativas, es fácil comprobar que su efecto ha sido escaso o ninguno.

La protección de los derechos humanos de los saharauis y su derecho a la autodererminación son los dos elementos que se repiten constantemente desde los setenta. Sin embargo, una cuarta conclusión que se extrae del análisis parlamentario es la extraordinaria distancia que ha existido siempre entre las iniciativas aprobadas en la Cámara Baja (hasta 27 de las 108 terminaron aprobándose y muchas de ellas presionan al Ejecutivo para que trabaje por un referéndum) y la actuación de los distintos gobiernos tanto populares como socialistas.

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