El 4 de abril, Día Internacional de Sensibilización sobre el Peligro de las Minas, vuelve a poner el foco sobre una de las realidades más invisibilizadas del Sáhara Occidental: la presencia masiva de minas antipersona y restos de guerra que siguen condicionando la vida de miles de saharauis décadas después del inicio del conflicto.
El Sáhara Occidental sigue siendo uno de los territorios más contaminados por minas del mundo. Décadas después del inicio del conflicto, miles de artefactos siguen activos, dejando víctimas y condicionando la vida de toda una población.
El llamado “muro de la vergüenza”, que divide el territorio, concentra uno de los campos minados más extensos del planeta, en una realidad que permanece en gran medida fuera del foco internacional.
Sáhara Occidental, el territorio sembrado de minas que el mundo sigue ignorando
En el caso saharaui, no se trata de un problema residual ni del pasado. El territorio sigue siendo una de las zonas más contaminadas por minas del mundo, con millones de artefactos dispersos, especialmente a lo largo del llamado “muro de la vergüenza”, la barrera militar levantada por Marruecos que divide el territorio y que constituye uno de los campos minados continuos más extensos del planeta. Este muro no solo separa territorios: fragmenta familias, rutas tradicionales y formas de vida. A su alrededor, el peligro es constante. Zonas aparentemente vacías esconden artefactos capaces de permanecer activos durante décadas, convirtiendo grandes extensiones del Sáhara en espacios inaccesibles o mortales.
Una amenaza permanente para la población civil
Las cifras reflejan la dimensión del problema. Más de 6.000 víctimas —entre muertos, heridos y personas con discapacidades permanentes— son el resultado directo de la presencia de minas en el Sáhara Occidental. Una amenaza constante que afecta especialmente a población civil, pastores, viajeros y niños, y que limita gravemente el uso del territorio, impide el desarrollo agrícola y dificulta cualquier proyecto de vida estable.
Pero estas cifras no alcanzan a reflejar el impacto real. Cada víctima es también una familia afectada, una comunidad marcada por el miedo y una generación que crece con la conciencia de que el suelo que pisa puede ser peligroso. En muchos casos, las víctimas no pueden acceder a atención médica especializada ni a programas de rehabilitación adecuados, lo que agrava aún más las consecuencias de estas explosiones.
Un retroceso tras la reanudación del conflicto
A esta situación se suma un factor especialmente preocupante: la reanudación de la guerra en 2020 ha revertido parte de los avances logrados en materia de desminado. Según responsables saharauis, más de una década de trabajo en la limpieza de zonas contaminadas ha quedado comprometida por nuevas acciones militares y el uso de armamento, incluidos drones, que han incrementado la contaminación del terreno.
Esto no solo supone un retroceso técnico, sino también humano. Las zonas que habían sido declaradas seguras vuelven a estar bajo sospecha, y las tareas de desminado se enfrentan ahora a mayores riesgos, menor acceso y dificultades añadidas para documentar y asistir a las víctimas.
Desminar en condiciones extremas
El trabajo de desminado, coordinado en gran medida por la Oficina Saharaui de Acción contra las Minas (SMACO), no se limita a la retirada de artefactos. Incluye también campañas de sensibilización en los campamentos de refugiados y en los territorios liberados, así como la formación de equipos locales y la asistencia a víctimas.
Sin embargo, los desafíos son enormes. La extensión del territorio, la falta de medios técnicos suficientes, la inseguridad en determinadas zonas y la ausencia de mecanismos internacionales efectivos de supervisión dificultan enormemente el avance. Además, la identificación y documentación de nuevas víctimas se ha vuelto más compleja en un contexto de hostilidades activas.
Una cuestión también jurídica y política
En paralelo, organizaciones saharauis insisten en la necesidad de reforzar la presión internacional para que Marruecos se adhiera a los principales tratados internacionales, como la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersona o la Convención de Oslo sobre municiones en racimo, instrumentos clave para la protección de la población civil en contextos de conflicto.
La ausencia de compromisos en este ámbito no solo prolonga el problema, sino que contribuye a su agravamiento. Sin mecanismos vinculantes y sin supervisión internacional efectiva, la contaminación por minas continúa siendo una amenaza estructural en el territorio.
Minas: una forma de control del territorio
Pero más allá de los datos, el problema de las minas en el Sáhara Occidental tiene una dimensión más profunda: es una forma de control del territorio. Las minas no solo matan o hieren; también impiden el retorno, bloquean la movilidad, condicionan la vida cotidiana y consolidan una realidad de fragmentación territorial.
Son una guerra que no termina cuando cesan los combates. Permanecen bajo la arena, invisibles, activas, marcando el presente y el futuro de toda una población.
Mientras la comunidad internacional conmemora cada año la necesidad de erradicar estas armas, el Sáhara Occidental sigue siendo un ejemplo claro de cómo este objetivo está lejos de alcanzarse. En este contexto, el silencio internacional no solo perpetúa el problema: lo normaliza. Y mientras ese silencio se mantiene, el peligro sigue ahí, bajo los pies, invisible, esperando.