Lectura comentada del artículo de opinión “Canarias, España y Marruecos”, de Antonio Morales publicado en Radio Faro del Noroeste

Un análisis que revela cómo la estrategia de Rabat y las cesiones de Madrid ponen en riesgo a Canarias y vulneran los derechos del pueblo saharaui.

El artículo de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, publicado el 7 de diciembre, supone una de las advertencias institucionales más claras frente a la deriva de la relación España–Marruecos. Morales parte de la narrativa impulsada por medios de Rabat, como Atalayar, que presentan un “tándem estable” entre ambos países basado en comercio récord, cooperación en seguridad y proyectos estratégicos. Sin embargo, como indica el autor, esta descripción “deja fuera el principal punto de fricción”: el impacto desigual que todo este marco tiene sobre Canarias, convertida en territorio especialmente vulnerable a los acuerdos bilaterales que se firman en Madrid.

Morales señala que mientras en el marco estatal se habla de relaciones “win-win”, en Canarias el panorama es otro. El archipiélago —por su proximidad a la costa africana y por su posición geopolítica en el Atlántico— es el territorio español que más puede verse afectado por decisiones adoptadas sin su participación. El autor subraya que estas negociaciones no son abstractas: repercuten en los recursos pesqueros, en la seguridad marítima, en la economía del mar y en la capacidad estratégica de Canarias para mantener su proyección atlántica. El “beneficio mutuo” proclamado por Madrid y Rabat puede convertirse, en la práctica, en una ecuación desequilibrada donde unos ganan y otros asumen los riesgos.

Uno de los aspectos más relevantes que aborda Morales es la delimitación marítima. El autor recuerda que Marruecos “reclama una y otra vez, unilateralmente, zonas marítimas que se solapan con áreas próximas a Canarias”, en un movimiento que tiene implicaciones económicas, ecológicas y estratégicas. Frente al argumento marroquí de que su extensa costa continental merece un trato “equitativo”, Morales recuerda algo esencial: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no establece diferencias entre costas continentales e insulares. Pretenderlo, afirma, implica crear una “categoría de segunda clase” para las islas, y desplazar la línea media en favor del Estado más fuerte no es equidad, sino “la ley del más fuerte disfrazada de derecho”.

Especialmente inquietante es la “equivalencia” que, según distintos análisis diplomáticos citados por Morales, Marruecos estaría insinuando: reconocer la soberanía española sobre Canarias a cambio del reconocimiento español de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Para el presidente del Cabildo, esta idea es políticamente explosiva e inaceptable, porque sitúa a Canarias —territorio español sin disputa jurídica— en el mismo plano que un territorio pendiente de descolonización según la ONU. Introducir al archipiélago en una negociación de este tipo genera un precedente peligroso y erosiona la posición internacional de España.

Morales también alerta sobre la propuesta de una Zona de Desarrollo Conjunto en el entorno del Monte Tropic, una idea presentada como cooperación económica pero que, en su opinión, constituye “una trampa para Canarias”. Al tratarse de un espacio que, por geología y proximidad, debería corresponder a la plataforma continental extendida canaria, aceptarlo equivaldría a “ceder antes de negociar”. En cualquier esquema bilateral con Marruecos, recuerda el autor, la parte más débil suele llevar las de perder, y en este caso está en juego un yacimiento estratégico de minerales clave para la transición energética.

El movimiento más agresivo, según Morales, es el intento marroquí de extender su plataforma continental hasta 350 millas al norte de Canarias. De prosperar, afirma, las islas quedarían “rodeadas por aguas marroquíes” y verían restringida su salida natural al Atlántico. Esto limitaría su acceso a recursos pesqueros y minerales, comprometería la vigilancia marítima y afectaría a proyectos de conectividad crítica, como los cables submarinos hacia África Occidental. No es una cuestión técnica sino un rediseño geopolítico que relega a Canarias a un espacio periférico dentro de su propio entorno regional.

El artículo también desmonta la idea de que la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara es un mero asunto técnico. Morales recuerda que el Centro de Control de Gran Canaria gestiona una de las rutas más transitadas del mundo y constituye una infraestructura estratégica para España y para la OTAN. Ceder esa gestión a Marruecos, incluso “de manera progresiva”, implica una pérdida de soberanía y un riesgo geopolítico que afectaría directamente a Canarias y a la seguridad del flanco sur europeo.

Es muy significativa la afirmación del autor de que la “Visión Atlántica” marroquí no incluye a Canarias como socio, “sino como un obstáculo a sortear o un botín que incorporar”. Aquí Morales conecta explícitamente con la estrategia de expansión marítima y territorial de Rabat, que utiliza su relación con España como palanca para consolidar su dominación sobre la fachada atlántica y reforzar su presencia en proyectos energéticos, portuarios y logísticos. Cuando la Península obtiene beneficios, Canarias se convierte en la primera línea de exposición.

Hacia el final del artículo, Morales introduce un aspecto clave que suele silenciarse en el debate estatal: la dimensión saharaui. Advierte que si el Sáhara Occidental sigue siendo, conforme al derecho internacional, un territorio pendiente de descolonización, cualquier redefinición marítima entre España y Marruecos debe manejarse con extremo cuidado. Ignorar esta realidad, subraya, “vulneraría derechos reconocidos” y comprometería la legalidad internacional. Los recursos marítimos del Atlántico —incluidos aquellos frente a Canarias— están inevitablemente conectados con el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, y por ello, como afirma Morales, “la defensa de los intereses de Canarias no puede desentenderse de la defensa de los derechos del pueblo saharaui”.

El autor concluye que el Sáhara Occidental “no es una variable negociable al margen de la ley”. Exige que todo acuerdo cuente con el consentimiento saharaui y que el territorio quede excluido de tratados entre la UE y Marruecos. De lo contrario, la llamada “cooperación estratégica” se convertirá en una construcción frágil: rentable para algunos, ilegal para otros y moralmente insostenible. En este equilibrio —escribe Morales— se juega no solo el futuro del Sáhara y de Canarias, sino la credibilidad de España, de la Unión Europea y de todos quienes defienden la primacía del derecho internacional.

Esta lectura confirma que el artículo de Morales es mucho más que una reflexión territorial: es un aviso político y jurídico de primer nivel. Explica con claridad que la seguridad de Canarias y la justicia para el Sáhara Occidental forman parte de un mismo problema, y que la actual política de cesiones de Madrid frente a Rabat compromete simultáneamente ambos espacios. En el fondo, Morales señala aquello que el Gobierno evita reconocer: que no puede haber estabilidad atlántica sin legalidad internacional, ni cooperación estratégica sin respeto a los territorios afectados. Y que, en este momento, ni Canarias ni el Sáhara Occidental están siendo protegidos por la diplomacia española.

Origen: Artículo de opinión: ‘Canarias, España y Marruecos’, por Antonio Morales

Carlos C. García – PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»