Ninguna resolución resultará ni «justa» ni «duradera» si no cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui

Ninguna resolución resultará ni «justa» ni «duradera» si no cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui
 

Autor: Sidi Omar.  ECS/IPS

– Sidi es embajador representante del Frente POLISARIO en Naciones Unidas.

La cuestión del Sáhara Occidental, conocida como la última colonia de África, ha ganado recientemente una gran visibilidad en los medios internacionales de manera interesante debido a dos acontecimientos drásticos.

El primero ocurrió el 13 de noviembre de 2020 cuando las fuerzas marroquíes violaron el alto el fuego de 1991 atacando a civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente en El Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental.

El segundo tuvo lugar el 10 de diciembre de 2020 cuando el presidente estadounidense saliente, Donald Trump, hizo una proclamación en la que declaraba el reconocimiento estadounidense de la «soberanía marroquí» sobre el Sáhara Occidental, que Marruecos ocupa desde octubre de 1975.

Como era de esperar, el incumplimiento del cese del fuego por Marruecos, obligó al pueblo del Sáhara Occidental, bajo el liderazgo de su legítimo representante, el Frente POLISARIO, a reanudar su legítima lucha de liberación, suspendida desde 1991.

En ese momento, ambas partes, el Frente POLISARIO y Marruecos, bajo los auspicios de la ONU-OUA, acordaron mutuamente un alto el fuego que entró en vigor el 6 de septiembre de 1991.

Este arreglo fue el primer paso en un proceso que conduciría a la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría, sin restricciones militares o administrativas, entre la independencia y la integración con Marruecos.

Con este fin, el 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad estableció bajo su autoridad la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

A pesar de los altibajos, en enero de 2000 la MINURSO pudo establecer la lista de posibles votantes para el referéndum, allanando así el camino para que se llevara a cabo la votación. Fue precisamente en ese momento cuando Marruecos declaró que ya no estaba dispuesto a seguir adelante con el referéndum de autodeterminación, obviamente por temor a perder en las urnas. Es tan simple como eso.

El hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU no responsabilizara a Marruecos por incumplir su solemne compromiso con el referéndum de autodeterminación acordado mutuamente, paralizó el proceso de paz de la ONU en el Sáhara Occidental, que continúa hasta la fecha.

A pesar del cambio radical de Marruecos, durante casi tres décadas, el Frente Polisario mantuvo su compromiso con el alto el fuego e hizo muchas concesiones, a menudo dolorosas, para que el proceso de paz de la ONU tuviera éxito.

Sin embargo, el alto el fuego de casi treinta años en el Sáhara Occidental se rompió violentamente cuando las fuerzas marroquíes atacaron a civiles saharauis el 13 de noviembre de 2020, lo que obligó al Frente Polisario a responder en legítima defensa.

La nueva agresión de Marruecos no solo ha puesto fin al proceso de paz de la ONU, sino que también ha desencadenado una segunda guerra que tiene el potencial de poner en peligro la paz y la estabilidad en la región. Una vez más, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el principal responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ha permanecido en silencio ante la nueva agresión marroquí.

La proclamación realizada por el ex presidente estadounidense el 10 de diciembre de 2020, ha asestado otro duro golpe al proceso de paz de la ONU en el Sáhara Occidental. No es ningún secreto que la decisión imprudente de Trump fue un quid pro quo del acuerdo que Marruecos concluyó con Israel para normalizar sus relaciones, otro ejemplo de su diplomacia transaccional.

Sin embargo, la decisión de Trump viola las resoluciones de la ONU, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad que Estados Unidos redactó y aprobó en las últimas décadas, y altera la política tradicional de Estados Unidos respecto al Sáhara Occidental.

Va en contra de las normas fundamentales que sustentan el orden internacional que prohíbe la adquisición de un territorio por la fuerza y ​​establece el derecho de los pueblos a la libre determinación como un derecho inalienable y una norma imperativa.

También obstaculiza los esfuerzos en curso de las Naciones Unidas y la Unión Africana para lograr una solución pacífica a la cuestión del Sáhara Occidental, lo que alimenta la tensión y amenaza la paz y la estabilidad en la región.

El estatus legal del Sáhara Occidental es inequívocamente claro. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental el 16 de octubre de 1975. La CIJ dictaminó que no existían vínculos de soberanía territorial entre el Territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos.

Al refutar las afirmaciones de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la CIJ estableció claramente que la soberanía sobre el territorio estaba conferida al pueblo saharaui, que tiene derecho a decidir, mediante la expresión libre y genuina de su voluntad, el estatuto del territorio de conformidad con la resolución 1514 (XV) de 1960 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

Las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (ahora la Unión Africana), así como la Unión Europea, nunca han reconocido la anexión forzosa e ilegal de Marruecos de partes del Sahara Occidental, que permanece en la lista de la ONU de territorios no autónomos por descolonizar.

La proclamación de Trump también afirmó el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de autonomía de Marruecos. Sin embargo, la llamada “propuesta de autonomía” marroquí, además de su probada ilegalidad, emana de un régimen autocrático que busca sólo legitimar su adquisición y ocupación forzosa de partes del Sáhara Occidental.

Por lo tanto, Estados Unidos debería aconsejar a Marruecos que aborde los legítimos agravios de su propio pueblo en lugar de intentar perseguir su expansionismo, que ha tenido consecuencias desastrosas para toda la región.

Como dato histórico, Marruecos no solo reclamó el Sáhara Occidental, sino también Mauritania en la década de 1960. Fue Marruecos el que incluyó “el problema de Mauritania” en la agenda de la 50ª sesión de la Asamblea General de la ONU en 1960 sobre la base de que Marruecos tenía derechos legítimos sobre Mauritania. Luego, Marruecos tardó nueve años en reconocer a Mauritania como un país independiente.

Marruecos, además, utilizó la fuerza contra Argelia en octubre de 1963 y contra España (Isla de Perejil) en julio de 2002, siempre en pos de sus reivindicaciones territoriales, lo que demuestra la verdadera naturaleza del régimen gobernante en Marruecos.

Esto también muestra hasta qué punto el régimen debe su supervivencia a la conquista territorial como herramienta para desviar la atención de su profunda crisis de legitimidad interna, que había llevado a dos golpes de Estado contra la monarquía en julio de 1971 y agosto de 1972.

Por tanto, el expansionismo de Marruecos es la causa fundamental de la tensión constante en el norte de África y el principal obstáculo para el logro de un Magreb unido, próspero e inclusivo que reúna a todas sus naciones y pueblos.

Como se esperaba, voces fuertes del Congreso de los Estados Unidos, de la sociedad civil y del ámbito político, incluido el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, James A. Baker, han expresado su conmoción y decepción con respecto al intento de sacrificar la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

También han pedido al presidente entrante que revoque la decisión de Trump, que está en desacuerdo con el compromiso declarado de la nueva administración de volver a comprometer a Estados Unidos con el multilateralismo. Ahora la pregunta es si el presidente Joe Biden está dispuesto a revertir la decisión de Trump y devolver a Estados Unidos a su posición tradicional sobre el Sáhara Occidental.

Es cierto que la proclamación de Trump, si se mantiene, no cambiará nada sustancialmente en términos de las realidades sobre el terreno y el estatus legal del Sáhara Occidental que está determinado por las resoluciones de la ONU. Sin embargo, pondrá a los Estados Unidos en una situación bastante difícil dada su pertenencia al Grupo de Amigos del Sáhara Occidental y ser el redactor de la MINURSO.

En otras palabras, no solo arrojará dudas sobre la neutralidad de Estados Unidos con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, sino que también planteará la cuestión de si Estados Unidos podría continuar desempeñando un papel constructivo en el proceso de paz de la ONU.

Por estas razones, el pueblo saharaui tiene la esperanza de que el presidente Biden anule la proclamación de Trump para que Estados Unidos pueda volver a su posición tradicional sobre el Sáhara Occidental.

La naturaleza jurídica y política de la cuestión del Sáhara Occidental como caso de descolonización es incuestionablemente clara. Por lo tanto, la pregunta que se plantea a la comunidad internacional, en particular a todos los países amantes de la paz y la justicia, se reduce a esto: ¿permiten que prevalezca la regla de «el poder hace el derecho» en el caso del Sáhara Occidental y, por lo tanto, permiten que el gobierno marroquí ocupe militarmente partes del territorio con impunidad? o ¿defienden los principios fundamentales que sustentan el orden internacional existente y así implementan las resoluciones de la ONU sobre el tema?

La solución de la cuestión del Sáhara Occidental está claramente definida en las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad, que piden una solución pacífica, justa y duradera que asegure la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

Esto significa que ninguna solución resultará ni justa ni duradera si no cuenta con el consentimiento y el apoyo total del pueblo saharaui.

Este apoyo solo puede expresarse mediante un proceso de autodeterminación creíble, democrático y genuino que brinde a nuestro pueblo la oportunidad de elegir entre una amplia gama de opciones, incluida la independencia.

Las resoluciones de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional y los principios democráticos básicos respaldan esta comprensión de la libre determinación y su aplicación. Es hora de que la comunidad internacional lo apoye también, no solo con palabras sino también con hechos.

Origen: Ninguna resolución resultará ni «justa» ni «duradera» si no cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui.