El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, acaba de realizar una visita relámpago a Portugal para intercambiar palabras con su homólogo portugués, Paulo Rangel, sobre las relaciones entre ambos países.

No hay nada nuevo que destacar, salvo dos hechos: el más inusual es que una Declaración Conjunta, publicada tras una reunión celebrada en Lisboa, aparezca en el portal diplomático del gobierno, durante varias horas, únicamente en francés. Las traducciones diplomáticas requieren precisión y, por lo tanto, tiempo, como es bien sabido.

La segunda, que justifica esta nota de prensa, es que el gobierno portugués ha dado otro paso en la dirección equivocada, alejándose del derecho internacional, de los principios que suscribe públicamente y de lo que constituye el interés nacional, tanto presente como futuro. El problema es el Sáhara Occidental: el medio es el lenguaje diplomático.

El 31 de octubre se cumplirán 50 años desde que Marruecos invadió y ocupó militarmente la colonia española del Sáhara Occidental, apenas unos días después de que la Corte Internacional de Justicia emitiera un dictamen concluyendo que no existían vínculos de soberanía entre el pueblo saharaui y ninguno de los dos países vecinos (Marruecos y Mauritania), y reconociendo el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU de 1960. La sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fechada en octubre de 2024, reitera el mismo entendimiento y posición.

Este contexto, que implica compromisos esenciales e inalienables, se ignora en la Declaración, que apacigua al régimen marroquí al afirmar que «la iniciativa marroquí de autonomía constituye la base más seria, creíble y constructiva para resolver la controversia en el marco de las Naciones Unidas». Un pequeño detalle: en el marco de las Naciones Unidas, la cuestión del Sáhara Occidental no se reconoce como una disputa, ni siquiera como un conflicto, sino como la ocupación de un territorio no autónomo en un proceso de descolonización aún no completado.

Al aceptar suprimir de la Declaración Conjunta partes de las resoluciones de la ONU que insisten en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, el Gobierno niega la Constitución de la República y se desacredita internacionalmente: ¿no acaba de elogiar el Ministro su propia acción en Bissau al hacer aprobar un párrafo en la Declaración de la 15ª Cumbre de la CPLP (18 de julio) apelando a «los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, a saber, el derecho internacional, los derechos humanos, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos»?

En realidad, los floreos diplomáticos no cambian el Derecho Internacional, y mucho menos la lucha de los pueblos por la libertad, la justicia y la paz.

Esta fue la opinión de más de 700 ciudadanos y organizaciones portuguesas que, el pasado mes de febrero, dirigieron una Carta Abierta al Gobierno exigiendo acciones coherentes y decididas sobre esta cuestión.

Recordemos lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Ali Alatas, durante la ocupación de Timor Oriental: «Timor es una pequeña espina clavada». Dolía muchísimo, hasta que el referéndum liberó a los pueblos timorense e indonesio.

Lisboa, 22 de julio de 2025

AAPSO – Asociación de Amistad Portugal-Sáhara Occidental