La situación que vive la población saharaui, ya compleja, está empeorando de manera alarmante; los recortes en cooperación están impactando directamente sobre sus derechos más básicos
Sólo en el último año, múltiples donantes han reducido su financiación hasta en un 40%. Más de 173.000 personas refugiadas en Argelia esperan la distribución de alimentos, medicinas o agua potable
Según el Programa Mundial de Alimentos, el 78 % de la población refugiada se encuentra en situación de inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla
Las organizaciones humanitarias se están preparando ante nuevos impactos; exigen un refuerzo de los fondos y una solución política justa, duradera de acuerdo al derecho internacional.
En el remoto desierto del suroeste de Argelia, más de 173.000 refugiadas saharauis cumplen un año más de espera: esperan la distribución de alimentos, agua potable y suministros médicos. Pero, sobre todo, esperan una solución política que lleva casi cinco décadas sin materializarse. «Se trata de derechos, de dignidad. Sobre una comunidad que ha soportado lo imposible y a la que no se debe pedir que espere más«, dice uno de los delegados de las ONG con presencia en los campos.
Una situación extrema con raíces históricas
Las raíces de la crisis se remontan a 1975, cuando España se retiró del Sáhara Occidental sin cumplir sus obligaciones de descolonización. Nunca se celebró el referéndum de autodeterminación prometido. En su lugar, la población saharaui se vio atrapada entre fronteras cambiantes, guerras y desplazamientos.
Hoy, cinco campos de personas refugiadas cerca de Tinduf -Laayoune, Smara, Awserd, Boujdour y Dakhla- forman el corazón de una comunidad en el exilio. Las condiciones son extremadamente duras. El acceso a la electricidad, al agua potable y a la atención sanitaria es limitado.
La inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles alarmantes. En 2024, las agencias de la ONU informaron de que el 90% de la población refugiada saharaui sufría escasez de alimentos, y los niños y niñas menores de cinco años estaban especialmente afectados por la malnutrición y la anemia. Además, el Programa Mundial de Alimentos estima que el 78 % de la población refugiada se encuentra en situación de inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, y que el 53,5 % de las mujeres de entre 15 y 49 años sufren anemia.
Las consecuencias de la crisis de financiación: los servicios se deterioran día a día
En el caso del Sáhara, sólo en el último año, múltiples donantes han reducido su financiación hasta en un 40%. Como consecuencia, las raciones de alimentos han caído por debajo de los niveles humanitarios mínimos, los centros médicos se están quedando sin suministros y los sistemas educativos están bajo presión. Los incentivos para el profesorado y el personal sanitario -a menudo la única forma de pago- se están reduciendo o retrasando. Incluso se está racionando el combustible para los camiones cisterna.
En todos los sectores, las organizaciones humanitarias se están preparando ante nuevos impactos. Cada una de ellas está llevando a cabo su propio análisis para comprender lo que podría ocurrir si se profundiza el déficit de financiación. En el sector sanitario, podría significar la interrupción de la atención materna y del tratamiento de enfermedades crónicas. En educación, las escuelas podrían verse obligadas a cerrar las clases o a aumentar el número de alumnos por profesor/a más allá de los límites aceptables. En WASH (Agua, Saneamiento e Higiene), el escenario es igualmente devastador.
La solución política es impostergable
Después de casi cincuenta años, la población saharaui sigue esperando un futuro cada vez más incierto. Lo que se pierde no son sólo alimentos, medicinas o infraestructuras, sino tiempo, potencial y esperanza. «Si no actuamos ahora, dentro de diez años estaremos escribiendo los mismos informes, sólo que con peores cifras», menciona una delegada sobre el terreno.
La ayuda no sustituye a la justicia. Y el statu quo es insostenible. El silencio no es una opción, ni tampoco lo es el incumplimiento del derecho internacional. La población saharaui necesita una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que garantice la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con el derecho internacional.