La decisión adoptada el pasado 28 de mayo por el Gobierno español mediante la que se reconoce el Estado palestino ha servido –más allá de los exabruptos y salidas de tono del Ejecutivo israelí– para visibilizar la grave situación que vive la población de Gaza y Cisjordania y denunciar las masacres que está perpetrando el ejército judío, pero también para reforzar la denominada solución de los dos Estados como vía para la resolución de un sangriento conflicto histórico. Pero, al mismo tiempo, la resolución del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto de manifiesto una doble vara de medir que resulta inaceptable para situaciones que podrían considerarse similares. Es el caso del Sahara Occidental, cuyos representantes ya han manifestado su acuerdo al reconocimiento de Palestina pero también la “incoherencia” que resulta de las decisiones del Gobierno español. Se han cumplido dos años desde que Sánchez anunciase un giro estratégico en la tradicional posición del Estado al aceptar y asumir la iniciativa de Marruecos de un estatus de autonomía para el Sahara como la forma “más realista” de resolver el conflicto. Un radical cambio de postura nunca bien explicado y que ahora, con el reconocimiento palestino, queda aún más en evidencia. El agravio comparativo es sumamente evidente. Hay que recordar que, como territorio no autónomo, el Sahara Occidental, en virtud de las resoluciones de la ONU, solo podrá cambiar su naturaleza cuando “el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación”. Una solución que hasta hace dos años el Estado español siempre había defendido como la única viable. A día de hoy, ochenta países han reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, cuyo representante legítimo es el Frente Polisario. Al optar por la vía de la autonomía propuesta por Marruecos, quien desde hace décadas tiene ocupados ilegítimamente los territorios saharauis –cuyos habitantes continúan viviendo en campamentos de refugiados–, el Gobierno español desprecia la resolución del conflicto según establece el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y niega, así, una solución similar a la de los dos Estados “viables” planteada para Palestina. No se trata solo de incoherencia y doble moral, sino de justicia y respeto a la legalidad internacional.