Sáhara Occidental, Pedro Sánchez y el derecho internacional

La política exterior española ha insistido en los últimos años en un principio que parece incuestionable: la defensa del derecho internacional como base para abordar los conflictos contemporáneos. En distintos escenarios de la política mundial, el Gobierno de Pedro Sánchez ha subrayado que las normas del derecho internacional y el respeto a la legalidad internacional deben constituir el marco fundamental para resolver las crisis internacionales.

En un contexto global cada vez más marcado por la tensión geopolítica y por el recurso a la fuerza en las relaciones entre Estados, la posición española ha insistido en la necesidad de que los conflictos se aborden desde el sistema multilateral y desde el respeto a las normas que regulan el uso de la fuerza. Frente a las soluciones basadas exclusivamente en la presión militar o en decisiones unilaterales de las grandes potencias, la apelación al derecho internacional ha sido presentada como una alternativa imprescindible para garantizar la estabilidad internacional.

También en el caso de Gaza, el Gobierno español ha adoptado una postura que ha sido considerada por muchos observadores como una de las más claras dentro de la Unión Europea. España ha denunciado con firmeza la gravedad de la situación humanitaria y ha reclamado reiteradamente el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil. Esa posición ha situado a España entre los países europeos que han defendido con mayor claridad la necesidad de que las normas internacionales se apliquen sin excepciones.

Este posicionamiento resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta la evolución reciente de la política exterior marroquí. Desde la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020, Marruecos ha reforzado de manera significativa su alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel. Este acercamiento se ha traducido en una cooperación creciente en ámbitos diplomáticos, militares y de seguridad, y ha situado a Rabat dentro de un nuevo eje geopolítico en Oriente Próximo y el norte de África. En el actual contexto internacional, marcado por las tensiones regionales y por la guerra en torno a Irán, Marruecos se ha alineado claramente con las posiciones de Washington y de sus aliados, lo que añade una dimensión geopolítica adicional al debate sobre el Sáhara Occidental y sobre el respaldo que recibe la posición marroquí en distintos escenarios internacionales.

Precisamente por ello, resulta aún más difícil comprender la posición adoptada por España respecto al Sáhara Occidental. En marzo de 2022, el Gobierno español expresó su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el territorio, calificándolo como la propuesta más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. Ese giro diplomático supuso una ruptura con la posición tradicional española, basada en el respaldo al proceso de autodeterminación impulsado por Naciones Unidas.

El problema es que el Sáhara Occidental no es simplemente un conflicto político más, sino un proceso de descolonización pendiente reconocido por la comunidad internacional. Naciones Unidas considera el territorio un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y reconoce al pueblo saharaui el derecho a decidir libremente su futuro mediante un proceso de autodeterminación.

En los últimos meses el conflicto ha vuelto a aparecer en el tablero diplomático del Magreb.

A ello se suma un elemento jurídico de gran relevancia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en diversas sentencias que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos, lo que implica que los acuerdos económicos o comerciales que afecten a sus recursos naturales no pueden aplicarse al territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Para comprender el contexto histórico y político del conflicto puede consultarse esta guía básica sobre el Sáhara Occidental.

En este contexto, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha planteado recientemente una cuestión que resume bien el debate de fondo. Si España invoca el respeto al derecho internacional cuando se trata de conflictos como los de Oriente Próximo o las tensiones internacionales más recientes, ese mismo principio debería aplicarse también al Sáhara Occidental.

El pueblo saharaui lleva décadas reclamando algo que, en términos jurídicos, resulta simple: que se respete el derecho internacional y que se permita la celebración de un referéndum de autodeterminación conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

La cuestión, en definitiva, no es solo diplomática ni geopolítica. Es una cuestión de coherencia. Si el derecho internacional constituye el marco que debe guiar la respuesta a los conflictos del mundo contemporáneo, resulta difícil explicar por qué ese principio no se aplica con la misma claridad cuando se trata de uno de los procesos de descolonización pendientes desde hace casi medio siglo.