El presidente del Gobierno hurtó una vez más a los representantes del pueblo español, incluidos sus socios de Sumar, las explicaciones que toda la ciudadanía espera recibir sobre los puntos que Sánchez oculta sobre la relación con Marruecos
El país que representa una mayor amenaza para España, en todos los sentidos, es Marruecos. No es un enemigo, de momento, pero un gobierno español siempre tiene que estar preparado para el chantaje y los desafíos constantes que plantea el vecino del sur.
El asunto de Marruecos siempre ha estado latente desde que se reinstauró la democracia en España. Ni Adolfo Suárez, ni Leopoldo Calvo-Sotelo, ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy mantuvieron una posición de dureza respecto a Marruecos. Siempre pretendieron hacer ver a la opinión pública que el reino alauita era un aliado muy valioso. Todo eso mientras se pasaban por alto atropellos que en cualquier otra circunstancia hubieran sido tratado como casus belli.
Sin embargo, pese al entreguismo habitual de los distintos presidentes y gobiernos, ninguno llegó al sometimiento de Pedro Sánchez. Nadie sabe la razón de su giro en las relaciones con Marruecos porque no ha dado explicaciones de la traición a la posición tradicional española respecto, por ejemplo, al Sáhara Occidental. Lo único que hay es una carta en la que se copió y pegó lo afirmado por los representantes diplomáticos de los Estados Unidos.
Uno de los puntos que Pedro Sánchez tenía que tratar en su comparecencia en el Congreso de los Diputados de ayer era, precisamente, Marruecos. Sin embargo, nuevamente actuó como un cobarde y pasó de puntillas. Recordó mucho a la imagen de un torero que se piensa que está dando una hermosa media verónica cuando, en realidad, sólo está pegando capotazos. Los aplausos de la bancada socialista parecían los gritos del mozo de espada de «bravo, maestro».
Sánchez volvió a ocultar al pueblo español y a sus representantes las razones por las que se traicionó al Sáhara Occidental y se entregó de facto la soberanía del territorio a Marruecos, sobre todo teniendo en cuenta que España es la administradora legal del Sáhara y la que está obligada a iniciar los procedimientos reconocidos por el derecho internacional para convocar el referéndum de autodeterminación.
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