La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene desde 1991 una misión de paz en el Sáhara Occidental, la MINURSO. Sin embargo, a diferencia de prácticamente todas las demás misiones contemporáneas, esta no incluye entre sus funciones la vigilancia de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que, en un territorio pendiente de descolonización, la ONU no supervise directamente las violaciones denunciadas desde hace décadas?
Una misión sin una función esencial
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) fue creada en 1991 con un objetivo claro: organizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Ese referéndum nunca se ha celebrado.
Desde entonces, el mandato de la misión se ha ido prorrogando año tras año por el Consejo de Seguridad, pero sin incorporar una competencia que hoy se considera básica en las operaciones de paz: la supervisión de los derechos humanos.
Este hecho convierte a la MINURSO en una anomalía dentro del sistema de Naciones Unidas.
Una anomalía dentro del sistema ONU
Las misiones de paz modernas de la ONU —como las desplegadas en Mali, República Democrática del Congo o Kosovo— incluyen mecanismos específicos para observar, documentar e informar sobre violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la MINURSO carece de ese mandato.
Esto significa que, a diferencia de otros contextos, no existe un mecanismo permanente e independiente de Naciones Unidas que supervise sobre el terreno la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado.
El origen del problema: un bloqueo político
La ausencia de este mandato no es un olvido ni una cuestión técnica. Es el resultado de un bloqueo político sostenido en el Consejo de Seguridad.
En repetidas ocasiones, propuestas para incluir la vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO han sido planteadas. Sin embargo, estas iniciativas han sido sistemáticamente frenadas.
Francia, aliado clave de Marruecos y miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho de veto, ha desempeñado un papel determinante en este bloqueo. Estados Unidos, aunque en ocasiones ha mostrado mayor apertura, nunca ha impulsado de forma decisiva ese cambio.
Por su parte, Marruecos rechaza frontalmente cualquier mecanismo internacional de supervisión en el territorio que ocupa, considerando que pondría en cuestión su control político y narrativo.
Consecuencias sobre el terreno
La falta de un mandato de derechos humanos tiene consecuencias directas y tangibles.
En ausencia de observadores permanentes de la ONU, la documentación de violaciones depende en gran medida de organizaciones no gubernamentales, periodistas o activistas locales, que a menudo operan bajo condiciones de presión, vigilancia o represión.
Esto dificulta la verificación independiente de los hechos y contribuye a un contexto de opacidad que favorece la impunidad.
Además, limita la capacidad de la comunidad internacional para reaccionar de forma efectiva ante posibles abusos.
Lo que dicen las organizaciones internacionales
Numerosas organizaciones internacionales han denunciado esta situación durante años.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido reiteradamente que la MINURSO incluya un mandato de vigilancia de los derechos humanos. Lo mismo han reclamado relatores especiales de Naciones Unidas y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Estas demandas coinciden en un punto esencial: el Sáhara Occidental no puede seguir siendo una excepción dentro del sistema internacional de protección de derechos humanos.
Un problema también jurídico
El Sáhara Occidental está reconocido por Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
El derecho internacional establece que la población de estos territorios tiene derecho a la autodeterminación y a la protección de sus derechos fundamentales. Sin embargo, la ausencia de un mecanismo específico de supervisión debilita la aplicación efectiva de estos principios.
A ello se suma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha reiterado que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos, lo que refuerza la necesidad de garantías específicas para su población.
Conclusión
La ausencia de vigilancia de derechos humanos por parte de la ONU en el Sáhara Occidental no es un accidente ni una anomalía menor: es el resultado de decisiones políticas concretas que se han mantenido durante décadas.
Esta situación convierte al territorio en una excepción dentro del sistema internacional y tiene consecuencias directas sobre la población saharaui, que sigue sin contar con un mecanismo permanente de protección bajo el paraguas de Naciones Unidas.
Mientras no se modifique el mandato de la MINURSO, el Sáhara Occidental seguirá siendo uno de los pocos lugares del mundo donde la ONU está presente… pero no vigila los derechos humanos.
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