FOTO: Pedro Sánchez en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas. Europa Press

 El 10 de diciembre de 2020 fue un día aciago para el Derecho Internacional. Una truculenta maniobra a tres bandas (Washington DC, Tel Aviv y Rabat) culminaba con un tuit del todavía entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la recta final de su mandato, pocos días antes de la toma del Capitolio por los ultraderechistas. «Hoy he firmado una proclamación para reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental«, escribió el mandamás en Twitter, y prosiguió: «La propuesta seria, creíble y realista de Marruecos para una autonomía es el único marco para lograr una solución justa y duradera que siente las bases para la paz y la prosperidad».


El ataque a la legalidad a golpe de tuit no terminó ahí, el hoy otra vez candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca anunciaba, pocos segundos después, en la misma red social: «Nuestros dos grandes amigos Israel y el Reino de Marruecos han acordado establecer relaciones diplomáticas plenas, un enorme avance por la paz en Medio Oriente». Marruecos entraba así en el selecto club de países de mayoría musulmana con relaciones avanzadas con el sionista, junto a Baréin, Emiratos Árabes y Sudán, pese al genocidio que desde hace años perpetra contra su hermano pueblo palestino.

Viajamos en el tiempo hasta este verano. El 30 de julio, en una misiva enviada por el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron al rey marroquí Mohamed VI con motivo del 25 aniversario del reinado del último, el francés se manifestó también a favor de un régimen de autonomía del Sáhara bajo la soberanía marroquí como «la única base» para solucionar el contencioso. «El presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí», escribió Macron en la carta hecha pública este estío. «Francia tiene la intención de actuar en coherencia con esta posición tanto a nivel nacional como internacional», aseveraba el presidente galo.

Retrocedemos hasta el 13 de marzo del 2022, cuando el entorno de Mohamed VI filtró otra carta, la cual le había enviado en esta ocasión Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. «España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo», rezaba la misiva enviada desde Madrid, una intentona de cambiar con nocturnidad la histórica neutralidad del Estado español en el proceso de descolonización de su excolonia.

Sánchez creía que, de este modo, pondría fin a una crisis bilateral que duraba ya casi un año, desde que el presidente de la República Saharaui y líder del Frente Polisario Brahim Ghali fuera tratado de covid-19 en un hospital de Logroño en abril de 2021 y unos días después, el 17 de mayo de 2021, Marruecos facilitara la llegada de 8.000 personas migrantes a Ceuta como contrapartida. Sánchez había sustituido a Arancha González Laya por José Manuel Albares en julio de 2021 con la intención de solventar esta crisis que, una vez más, se hizo aceptando el chantaje planteado por el monarca alauí.

Primero Trump, luego Sánchez, después Macron. El Majzén ha jugado bien sus cartas diplomáticas en los últimos años, forzando a sus aliados estratégicos a posicionarse en favor de la autonomía -que no es más que la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos-, como solución a este conflicto. Sin embargo, el Derecho Internacional es cristalino y sitúa la respuesta a la crisis del Sáhara en el «ejercicio del derecho a la libre determinación de la población del Sáhara». Es decir, el pueblo saharaui debe decidir su futuro político y en esa elección pueden haber varias opciones, entre ellas, la autonomía del Sáhara dentro del Reino de Marruecos, pero también la conformación de un Estado independiente, la República Árabe Saharaui Democrática. Trump, Sánchez y Macron ya han desvelado cuál sería su voto, sin embargo, ellos no deberían votar en el referéndum de autodeterminación salvo que sean saharauis y lo hayan estado ocultando hasta ahora.

El presidente Sánchez ha participado esta semana en la Asamblea General de la ONU que se celebra anualmente. En una de sus intervenciones, afirmaba: «En tiempos de conflicto hay que asegurar principios fundamentales como el Derecho Internacional o los principios de la Carta de las Naciones Unidas». Durante su estancia en Nueva York, el jefe del Ejecutivo español ha puesto en valor repetidamente el Derecho Internacional en un momento en el que el mundo se rige, de forma evidente, por otras modas. El Derecho Internacional debe respetarse en Ucrania y en Gaza, sin distinciones, declaraba y se vanagloriaba Sánchez quien olvidaba que esa misma ley supranacional también se tiene que cumplir en Marruecos y en el Sáhara Occidental.

España, al no haber cumplido con su deber como potencia y no haber llevado a su colonia, el Sáhara Occidental, hasta la descolonización en 1975, es todavía potencia administradora de iure de este territorio no autónomo. Marruecos tan solo es la potencia ocupante, y lo es de facto porque impone un brutal sistema de represión por la fuerza militar y otras espeluznantes estrategias. Sánchez olvida su responsabilidad en Nueva York con el Sáhara de forma premeditada. Intenta condenar a los saharauis al olvido, una vez más.

Mientras, en el aeropuerto de Barajas, decenas de saharauis que huyen de los Territorios Ocupados por Marruecos, donde el régimen de Mohamed VI ejerce una brutal represión contra la población saharaui y violaciones sistemáticas de sus derechos humanos (torturas, encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, violaciones, desapariciones…), ansían entrar a España y que el Gobierno les conceda protección. Hasta el momento, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska la deniega y sobre algunos de ellos puede caer una orden de deportación, lo que sería condenarles al infierno. Proteger a estas personas sería, en el fondo, reconocer la violenta ocupación marroquí, de la que huyen. Otra vez el chantaje.