El referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental es una de las claves del conflicto, pero también una de sus mayores incógnitas. Han pasado más de treinta años desde que se planteó formalmente y, sin embargo, nunca se ha celebrado.

La explicación no está en un único motivo, sino en una combinación de factores políticos, jurídicos y estratégicos que han bloqueado el proceso desde sus inicios.

El referéndum fue previsto en el marco del alto el fuego acordado en 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos, bajo supervisión de Naciones Unidas. Para ello se creó la MINURSO, con el objetivo de organizar una consulta que permitiera al pueblo saharaui decidir su futuro.

Sin embargo, el primer obstáculo apareció en la definición del censo electoral. Determinar quién tenía derecho a votar se convirtió en un punto de conflicto central. Mientras el Frente Polisario defendía un censo basado en la población saharaui identificada en el momento de la descolonización, Marruecos promovió la inclusión de nuevos habitantes, lo que bloqueó el proceso.

A partir de ahí, las discrepancias se trasladaron al plano político. Marruecos ha defendido progresivamente una solución basada en la autonomía bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario mantiene que el referéndum debe incluir la opción de independencia.

Con el paso del tiempo, el proceso se fue paralizando. Las iniciativas de Naciones Unidas para reactivar el referéndum no lograron superar el bloqueo, y el conflicto entró en una fase de estancamiento prolongado.

En paralelo, el contexto internacional también ha influido. El apoyo de algunos actores internacionales a propuestas alternativas al referéndum ha debilitado la presión para que se celebre la consulta prevista inicialmente.

Hoy, más de tres décadas después, el referéndum sigue siendo una referencia central en el discurso político y jurídico sobre el Sáhara Occidental, pero no una realidad concreta.

La consecuencia es una situación que se mantiene abierta: un alto el fuego roto desde 2020, un proceso político sin resolver y una población que sigue sin haber podido ejercer el derecho que la propia ONU reconoce.