FOTO: Representantes de Naciones Unidas votan un proyecto de resolución durante una reunión del Consejo de Seguridad en la sede de la ONU en Nueva York, el 31 de octubre de 2025.
50 años después de la Marcha Verde, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sitúa la propuesta de autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos, por primera vez, como la base sobre la que pactar un acuerdo al conflicto. De concretarse así, los saharauis deberán optar entre alternativas poco halagüeñas: aceptar la soberanía marroquí, buscar asilo en Europa, ser absorbidos por Argelia o continuar la guerra con la bandera del Frente Polisario. Cualquiera de esas vías dejará herido de muerte al Derecho Internacional —y el principio de autodeterminación de los pueblos—, cometerá una injusticia contra una población que lleva medio siglo refugiada y dará un vuelco al tablero geopolítico africano, donde España tiene intereses en juego.
El regocijo con el que Marruecos ha saludado la aprobación, in extremis, de la Resolución 2797 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) el viernes 31 de octubre solo es comparable con la desolación que ha sembrado entre las filas del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui.
La votación era necesaria para prorrogar un año más —ya van treinta y cuatro— el mandato, que expiraba ese mismo día, de la MINURSO. Esta misión de la ONU se estableció en 1991 para garantizar el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental convenido por las partes en agosto de 1988. Su calado, sin embargo, va mucho más allá por el cambio que supone con respecto a dictámenes anteriores.
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