Sáhara Occidental: 50 años de descolonización pendiente en un mundo que cambia de reglas

La proclamación de la República Saharaui en 1976 fue la respuesta política a una descolonización interrumpida por la fuerza. Medio siglo después, el problema ya no es únicamente que el derecho no se aplique. Es que el marco que debía garantizarlo empieza a resquebrajarse y a perder autoridad efectiva.

El 27 de febrero de 1976 el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en Bir Lehlu cuando Naciones Unidas seguía considerando al Sáhara Occidental un Territorio No Autónomo pendiente de autodeterminación. Ese estatuto no ha cambiado. El dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975 continúa vigente. Ninguna resolución del Consejo de Seguridad ha reconocido soberanía marroquí. La MINURSO sigue desplegada para organizar un referéndum que nunca llega.

El derecho internacional, sobre el papel, permanece intacto.

Lo inquietante es que el entorno político que debía sostenerlo ya no es el mismo, y su capacidad de imponerse frente a los hechos consumados parece cada vez más frágil.

Durante décadas, la descolonización fue sustituida por la gestión. El referéndum se diluyó en fórmulas diplomáticas mientras sobre el terreno se consolidaba una realidad de ocupación: administración integrada, infraestructuras estratégicas, explotación de recursos naturales y acuerdos económicos que operan como si el estatuto jurídico estuviera resuelto. El expediente se mantuvo abierto, pero sin resolución. Era un bloqueo, sí, pero dentro de un marco multilateral reconocible.

En diciembre de 2020, la Administración de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio como parte de un acuerdo regional más amplio. Jurídicamente no modificó el estatuto internacional del Sáhara Occidental. Políticamente, sin embargo, cruzó una línea: convirtió un territorio pendiente de descolonización en pieza de intercambio estratégico en una negociación ajena a su población.

Ese gesto introdujo algo más grave que una posición diplomática distinta. Introdujo la idea de que las normas pueden ceder ante la oportunidad y que la legalidad puede subordinarse a la conveniencia geopolítica sin consecuencias estructurales inmediatas.

Desde entonces, el sistema internacional atraviesa una etapa marcada por la competencia entre potencias, la erosión del multilateralismo y la creciente aceptación de soluciones basadas en correlaciones de fuerza. El Consejo de Seguridad renueva la MINURSO sin avances sustanciales, sin calendario político y sin mecanismos eficaces que alteren la dinámica de bloqueo. El conflicto no se resuelve; se administra mientras el equilibrio regional se militariza y las alianzas estratégicas se consolidan.

El riesgo ya no es solo la inacción. Es la normalización de la excepción.

Si el orden basado en reglas pierde peso frente a la lógica transaccional —alianzas, energía, seguridad, contención de rivales— el Sáhara Occidental se convierte en un caso extremadamente vulnerable. Porque su defensa descansa precisamente en principios que hoy están siendo puestos a prueba en múltiples escenarios: autodeterminación, inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, primacía del derecho sobre la correlación de poder.

En un escenario donde esos principios se relativizan, el pueblo saharaui no solo enfrenta una ocupación prolongada. Enfrenta la posibilidad de que el marco jurídico que sostiene su causa deje de ser operativo o pierda capacidad coercitiva real. Y cuando un principio deja de ser exigible, su vigencia se convierte en una formalidad.

El problema, por tanto, no es únicamente el bloqueo del referéndum. Es la transformación silenciosa del entorno internacional que debía garantizarlo. Un entorno en el que la estabilidad estratégica puede pesar más que la coherencia normativa, y en el que las alianzas pueden amortiguar cualquier exigencia de cumplimiento efectivo.

España mantiene además una responsabilidad singular, jurídicamente no cerrada desde 1975. Los Acuerdos de Madrid no supusieron transferencia de soberanía reconocida por Naciones Unidas, y la descolonización no fue formalmente completada. Sin embargo, incluso esa responsabilidad depende de la vigencia real de un sistema internacional que reconozca obligaciones jurídicas y no solo equilibrios estratégicos cambiantes.

Cincuenta años después, la República Saharaui no es únicamente la continuidad de una reivindicación política. Es también una prueba histórica. Una prueba de hasta qué punto el derecho internacional sigue siendo norma estructurante del sistema o empieza a convertirse en retórica invocada selectivamente según convenga.

El Sáhara Occidental ya no es solo un problema de coherencia diplomática. Es uno de los primeros escenarios donde puede medirse qué tipo de mundo está emergiendo.

Si la fuerza termina imponiéndose como criterio aceptado de resolución territorial, el caso saharaui dejará de ser una excepción incómoda para convertirse en precedente asumido. Y cuando un precedente así se consolida, no afecta únicamente a un territorio pendiente de descolonización: redefine las reglas para todos, debilita el principio de autodeterminación y consolida la idea de que el tiempo y el hecho consumado pueden sustituir al derecho.

Esa es la verdadera dimensión del aniversario que se conmemora. No solo medio siglo de resistencia política, sino medio siglo de tensión entre norma y poder. Y en esa tensión se juega algo más que el futuro del Sáhara Occidental: se juega la credibilidad misma del orden internacional.

Carlos Cristóbal
NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Source: Sáhara: 50 años de descolonización pendiente