Desde el mes de julio decenas de personas de ciudadanía saharaui víctimas de la represión marroquí han llegado al aeropuerto madrileño pidiendo protección internacional. Muchos esperan aún una respuesta a su solicitud de asilo.
Más de 30 ciudadanos saharauis que padecen persecución en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos se encuentran retenidos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, a la espera de que el Ministerio del Interior resuelva sus peticiones de asilo. Es por ello que se ha convocado una concentración este sábado 21 las 12H, frente al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, ubicado en Paseo de la Castellana, 5.
La situación reviste de preocupación dado que desde el mes de julio, como viene informando el medio digital Kaosenlared, han ido denegando -y a veces reconsiderando- la concesión de estatus de asilo a varias personas saharauis que han presentado su solicitud una vez que han llegado al aeropuerto madrileño y que permanecen en la sala de inadmitidos.
Cuenta el digital, entre otros casos, el de Hafed Zergui y Mustafa Sid Zein quienes llegaron a Barajas el 7 de julio pasado y enseguida solicitaron asilo político para no ser deportados a Marruecos. En principio, la Jefatura de Fronteras del aeropuerto admitió a trámite un viernes la solicitud de Sid Zein, pero el domingo, Interior se la denegó a Zergui argumentando que “no reúne los requisitos necesarios para pedir asilo político”. Zergui venía de La Guyana donde pidió también asilo y se lo denegaron. Luego viajó a México y de allí vino a España, donde viven sus padres, específicamente en Las Palmas de Gran Canaria, que además tienen nacionalidad española.
Los saharauis necesitan protección, no deportación. Se lo han dicho al ministro Fernando Grande-Marlaska ante @interiorgob. Piden asilo para los activistas retenidos en Barajas y que no sean enviados a #Marruecos. pic.twitter.com/A6e58EZ4eq
— Alfonso Lafarga (@alfolafarga) September 21, 2024
En referencia a estos dos casos, Contramutis informaba que el 9 de julio diecisiete eurodiputados enviaron una carta dirigida a Grande-Marlaska pidiendo la entrada en España de los dos jóvenes saharauis “por razones humanitarias”. Los europarlamentarios firmantes –Los Verdes y La Izquierda– denunciaban en su misiva que activistas de colectivos saharauis por los derechos humanos están siendo perseguidas por las autoridades marroquíes por su labor, y advertían de que una deportación significaría una condena de muerte para ambos. Diez días después la letrada Fatma El Galia consiguió que ambos jóvenes no fueran deportados a Marruecos y que el Ministerio revocara su denegación y permitiera la entrada a territorio español a Zergui.
La misma secuencia de eventos se cumplió en el caso de dos hermanos huérfanos con discapacidad Jalil El Idrissi, de 31 años, y Rabab, de 28, residentes en El Aaiún, que permanecieron hasta 11 días retenidos en Barajas cuando se les comunicó la denegación de entrada a España. Una vez recurrida la decisión, también por El Galia, Interior rectificó y permitió el acceso a territorio español para que continuaran los trámites de asilo y apátrida y evitar así su deportación a Marruecos, donde alegaban discriminación por parte de las autoridades de Marruecos por ser ciudadanos saharauis y no ser atendidos por los servicios sanitarios marroquíes.
En muchos casos no se cumplen las debidas garantías en la tramitación del expediente como, por ejemplo, que se les asignan intérpretes de nacionalidad marroquí, que hablan darja en lugar de hassania, el idioma de los saharauis
De acuerdo a la asociación Paz Ahora, a través de la cual se anuncia a la concentración de este sábado, parte de las peticiones de protección internacional de los saharauis, que huyen de la creciente represión marroquí, son denegadas y los afectados deportados a Marruecos. En muchos casos se debe a que no se cumplen las debidas garantías en la tramitación del expediente como, por ejemplo, que se les asignan intérpretes de nacionalidad marroquí, que hablan darja en lugar hassania, el idioma de los saharauis, por lo que pueden tergiversarse sus declaraciones y de hecho ya ha habido denuncias por este motivo. Hay que recordar que el Defensor del Pueblo ya se pronunció contra la asignación de intérpretes marroquíes afirmando que no es “razonable ni conveniente” que en un expediente de asilo se utilice a personas que “por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen”.
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