La situación de los saharauis en España vuelve al centro del debate político tras una reunión en el Congreso de los Diputados marcada por una ausencia significativa: la del PSOE.
El encuentro, convocado a petición del representante del Frente Polisario, tenía como objetivo abordar la exclusión de las personas apátridas —en su gran mayoría saharauis— del proceso extraordinario de regularización de migrantes. Sin embargo, la ausencia del partido que sostiene el Gobierno ha evidenciado una fractura política en torno a una cuestión que afecta directamente a miles de personas.
Una mayoría parlamentaria sin el Gobierno
A la reunión acudieron representantes de Sumar, PP y buena parte de los socios habituales del Ejecutivo, que coincidieron en la necesidad de corregir la exclusión de los saharauis del proceso de regularización.
Desde Sumar se ha planteado que existe una mayoría suficiente para desbloquear la proposición de ley que permitiría conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. Este punto es clave, porque trasciende el ámbito técnico y reabre el debate sobre la relación histórica y jurídica entre España y el Sáhara Occidental.
La apatridia como problema estructural
El origen del conflicto actual se encuentra en la exclusión de los solicitantes de apatridia del proceso de regularización extraordinaria. Aunque esta decisión se ha justificado en base a criterios técnicos y a un dictamen del Consejo de Estado, sus efectos recaen de manera abrumadora sobre la población saharaui.
En España, la gran mayoría de personas que solicitan el reconocimiento de apatridia son saharauis. Sin embargo, este procedimiento puede prolongarse durante años, periodo en el que no tienen derecho a trabajar, lo que genera situaciones de vulnerabilidad extrema.
Más allá del caso concreto, lo que se pone de manifiesto es un problema estructural: el sistema jurídico español no está adaptado para responder de forma eficaz a la realidad del pueblo saharaui.
Entre el reconocimiento político y la práctica institucional
La reacción de distintas formaciones políticas evidencia una contradicción de fondo. Mientras existe un amplio consenso parlamentario en torno a la necesidad de dar una solución a los saharauis, las decisiones adoptadas desde el Gobierno mantienen su exclusión en la práctica.
Las críticas no se han limitado al ámbito parlamentario. Desde el propio Frente Polisario se ha señalado que esta situación forma parte de la política actual del Ejecutivo respecto a la cuestión saharaui, marcada por una creciente distancia entre el discurso y los hechos.
Presión desde el Senado
La cuestión ha llegado también al Senado. La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha solicitado explicaciones al Gobierno por la exclusión de las personas apátridas —mayoritariamente saharauis— del proceso de regularización extraordinaria.
Barkos ha cuestionado si esta decisión responde únicamente a criterios técnicos o si existen razones políticas detrás, y ha advertido del riesgo de dejar a este colectivo en un limbo jurídico. En particular, ha señalado que los procedimientos de reconocimiento de apatridia pueden prolongarse durante años, periodo en el que las personas afectadas no tienen derecho a trabajar, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Un problema que va más allá de la regularización
El debate sobre la inclusión de los saharauis en el proceso de regularización no es un asunto aislado. Está directamente vinculado a cuestiones más amplias, como el acceso a derechos básicos, la seguridad jurídica o el reconocimiento de una realidad histórica específica.
La situación de las personas apátridas saharauis refleja, en última instancia, las dificultades del Estado español para abordar las consecuencias de su responsabilidad histórica en el Sáhara Occidental.
Conclusión
La polémica en torno a la regularización extraordinaria ha puesto de relieve una realidad incómoda: la cuestión saharaui sigue generando tensiones políticas internas en España.
Más allá de las posiciones partidistas, lo que está en juego es la capacidad del sistema jurídico y político para dar respuesta a una situación singular que afecta a miles de personas. Y, una vez más, el resultado muestra una brecha entre el reconocimiento de esa realidad y su traducción efectiva en derechos.