Comentario

A comienzos de 2026, la ocupación marroquí ha intensificado de forma alarmante su estrategia represiva en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Lejos de limitarse al control policial, esta nueva fase se caracteriza por una ofensiva directa contra la vida social, política y familiar de la población saharaui, con el objetivo de quebrar su resistencia y silenciar cualquier reivindicación del derecho a la autodeterminación.

Los testimonios procedentes del territorio ocupado describen un escenario de asedio permanente, militarización de barrios, persecución de defensores de derechos humanos, represión del movimiento estudiantil y destrucción de viviendas. Se trata de una política deliberada de castigo colectivo que vulnera de manera flagrante el derecho internacional humanitario y confirma la voluntad de imponer hechos consumados mediante el miedo, el desplazamiento forzado y la alteración demográfica.

Como ha señalado el escritor y activista español Carlos C. García, el silencio internacional ante estas prácticas no puede interpretarse como neutralidad diplomática: “cuando la comunidad internacional calla, no se limita a mirar hacia otro lado, sino que contribuye activamente a consolidar la ley del más fuerte en sustitución del derecho internacional”. En el Sáhara Occidental, la ausencia de una respuesta firme frente a la represión se ha convertido en un elemento central de la estrategia de la ocupación, al facilitar la continuidad de una política que busca borrar la causa saharaui por agotamiento, miedo y desposesión.

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El conflicto del Sáhara Occidental entra en una fase especialmente preocupante

El conflicto del Sáhara Occidental ha conocido un giro particularmente inquietante a comienzos del año 2026. Informes de terreno procedentes de los territorios ocupados dan cuenta de una escalada sin precedentes de las campañas de represión sistemática llevadas a cabo por la ocupación marroquí.

Esta nueva oleada de medidas coercitivas va mucho más allá del control securitario tradicional o de la vigilancia puntual: se traduce en una ofensiva directa y global contra la existencia social y política de los defensores de los derechos humanos y de la población civil saharaui.

Según diversas fuentes locales, el objetivo declarado de esta estrategia es quebrar la voluntad del pueblo saharaui e impedir que continúe su lucha legítima por el derecho a la autodeterminación y a la independencia nacional. La ocupación busca así sofocar cualquier expresión política o cívica que recuerde la legalidad internacional y el carácter inacabado del proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

En este contexto de escalada, las fuerzas de ocupación han desarrollado nuevos métodos de represión destinados a aislar a los militantes de su entorno social y a desmantelar las redes de solidaridad popular. El acoso ya no se limita a procesos judiciales de fachada: incluye el cerco de viviendas mediante vehículos militares, una vigilancia permanente ejercida por agentes de paisano y una presión psicológica constante sobre las familias. Estas prácticas han afectado tanto a figuras militantes conocidas como a familiares de presos políticos, reflejando la voluntad de convertir las ciudades saharauis ocupadas en auténticas prisiones a cielo abierto. Toda voz que reivindique la libertad, el respeto al derecho internacional o la solidaridad con las víctimas de graves violaciones es reprimida de inmediato.

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El Aaiún ocupado, bajo tensión permanente

En la ciudad ocupada de El Aaiún, esta política represiva adquiere una dimensión especialmente alarmante. El caso de la defensora de derechos humanos Oum Essaad Bourial ilustra esta deriva securitaria. Sometida desde hace años a una vigilancia constante, se enfrenta hoy a lo que ella misma describe como un «asedio directo y estrecho», marcado por una presencia permanente y visible de agentes del Makhzen alrededor de su domicilio.

Este acoso va más allá de la intimidación individual: busca sembrar el miedo entre los vecinos y aislar socialmente a las familias de los presos políticos saharauis. Otros activistas, como Hasna Baba Ahmed Edouihi y Mina Baali, sufren presiones similares, en un intento evidente de impedir cualquier actividad cívica o humanitaria.

La situación de Oum Essaad Bourial tiene además una fuerte carga simbólica. Es hermana del preso político saharaui Mohamed Bourial, condenado a 30 años de cárcel tras el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik en 2010. Su compromiso y resistencia frente al acoso policial encarnan hoy la determinación de las mujeres saharauis por preservar la memoria de las violaciones y negarse al borrado de su causa.

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Militarización de barrios y represión en el ámbito universitario

La represión no se limita a militantes individuales. En El Aaiún, varios barrios residenciales han sido transformados en zonas cuasi militares, con un despliegue masivo de fuerzas policiales, vehículos de seguridad y servicios de inteligencia. Cualquier intento de reunión pacífica o actividad conmemorativa es sistemáticamente prohibido y reprimido con violencia, en flagrante violación del derecho de reunión pacífica y de la libertad de expresión.

Paralelamente, la universidad se ha convertido en un nuevo objetivo de esta política securitaria. En la universidad ocupada de Smara, seis estudiantes fueron detenidos por participar en una huelga y una sentada pacífica. Esta represión del ámbito académico revela el temor de las autoridades ante el despertar político de la juventud saharaui y su potencial papel en la defensa de los derechos nacionales.

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Demolición de viviendas y desplazamientos forzados

Uno de los hechos más graves sigue siendo la demolición de viviendas pertenecientes a familias saharauis. Estas operaciones, realizadas sin ninguna consideración humanitaria, han dejado a mujeres, niños y personas mayores sin techo, expuestos a condiciones climáticas extremas. Las imágenes de familias obligadas a dormir en el suelo ilustran una política de terror destinada a forzar el exilio de la población autóctona.

Esta estrategia se inscribe en un plan más amplio de modificación de la estructura demográfica del territorio. Al destruir los medios de subsistencia de los saharauis y empujarlos a abandonar sus tierras, la ocupación intenta imponer un hecho consumado demográfico al servicio de su agenda política y legitimar la llamada «marroquinización» del Sáhara Occidental.

Desde el punto de vista jurídico, estas prácticas constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe explícitamente la destrucción de bienes privados y el traslado forzoso de población civil en territorios ocupados, calificando estos actos como crímenes de guerra.

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Silencio internacional y responsabilidades

Ante estas violaciones reiteradas, el silencio de la comunidad internacional aparece como un factor clave en la perpetuación de los abusos. Como ha señalado el escritor y activista español Carlos C. García, este mutismo no responde a una supuesta neutralidad diplomática, sino que contribuye a imponer la ley del más fuerte en detrimento del derecho internacional.

El Sáhara Occidental es percibido cada vez más como un reservorio de recursos estratégicos —fosfatos, riqueza pesquera, minerales— y no como un territorio pendiente de descolonización. Esta lógica de explotación económica refuerza las políticas represivas y retrasa cualquier solución justa y duradera.

Lo que ocurre hoy en el Sáhara Occidental trasciende el marco de un simple diferendo regional. Se trata de una prueba decisiva para la credibilidad de las instituciones internacionales y para el compromiso real con los derechos humanos. La responsabilidad alcanza también a las antiguas potencias administradoras, en particular a España, cuyo repliegue político debilita aún más la posición jurídica del territorio.

Pese a la represión, la resiliencia del pueblo saharaui y de los defensores de los derechos humanos sigue siendo el principal muro frente al olvido. La historia juzgará la capacidad de la comunidad internacional para pasar de la indignación retórica a una acción efectiva que haga respetar el derecho internacional y ponga fin a prácticas que amenazan la justicia y la estabilidad en toda la región.

M. Seghilani

Origen: SAHARA OCCIDENTAL : La politique de la terre brûlée se poursuit   | lecourrier-dalgerie.com