Desde principios de 2025, las autoridades marroquíes han intensificado la represión en el Sáhara Occidental, impidiendo el acceso a observadores extranjeros y organizaciones independientes, y las ONG internacionales documentan sistemáticamente violaciones de los derechos humanos allí, a pesar de los intentos de Marruecos de sofocar cualquier voz disidente.
En este clima de crecientes restricciones, las autoridades marroquíes demostraron una vez más su voluntad de bloquear el acceso al territorio al prohibir el jueves la entrada a El Aaiún ocupado a tres eurodiputados. Expulsados a su llegada de Canarias con el pretexto de no tener permiso, a estos parlamentarios europeos se les impidió investigar las violaciones de derechos humanos y la explotación ilegal de los recursos saharauis.
Ante esta escalada, las organizaciones políticas y de derechos humanos han reaccionado con firmeza.
El Frente Polisario denunció esta prohibición, criticando una política de confinamiento destinada a impedir cualquier investigación independiente sobre los abusos cometidos contra los saharauis. Pidió a la Unión Europea presentar una denuncia formal contra Marruecos y tomar medidas para garantizar la libertad de circulación de sus representantes.
Por su parte, el Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) condenó enérgicamente esta expulsión, subrayando que Marruecos pretende mantener un bloqueo informativo.
La organización también denunció la reciente expulsión del periodista español Asier Aldia Esnaola y de la bloguera hispano-suiza Ramila de Aventura. Detenidos en el aeropuerto Mohammed V de Casablanca tras una visita a Dajla ocupada, fueron obligados a regresar a Madrid. Según CODESA, estos periodistas tenían previsto reunirse con la familia del activista saharaui desaparecido Lahbib Agrichi, a quien las fuerzas de ocupación acusan de haber secuestrado y asesinado.
En su comunicado, la Comisión Saharaui de Derechos Humanos denunció la política sistemática de Marruecos de impedir el acceso de los observadores internacionales a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, con el objetivo de ocultar la realidad de la ocupación y su represión contra el pueblo saharaui. También criticó la impunidad de la que goza Marruecos, al tiempo que denunció la continuación de su política represiva contra cualquier voz saharaui que reclame libertad, dignidad e independencia.
Por su parte, la Asociación de Jóvenes Saharauis en Francia exigió, en un comunicado, el levantamiento del bloqueo impuesto a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, sometidos a una estricta vigilancia militar y de seguridad.
Denunció los intentos de la ocupación marroquí de ocultar la realidad de la situación en la región, así como la prohibición de entrada a parlamentarios europeos por parte de las autoridades de ocupación.
Ante esta situación, varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado estos obstáculos al monitoreo independiente. Según sus informes, desde 2014, más de 300 personas procedentes de 21 países han sido expulsadas del territorio. Entre los países más afectados, Noruega, con 133 expulsiones, y España, con 105 expulsiones, encabezan la lista.
Estas cifras ilustran el alcance de la política represiva de Marruecos destinada a aislar el territorio del escrutinio internacional.
Al respecto, el Centro Carter denunció una intensificación de la persecución contra defensores de derechos humanos, mientras que Free Press Unlimited destacó graves restricciones a la libertad de prensa, impidiendo a los periodistas llevar a cabo su misión informativa sobre el terreno.
Al mismo tiempo, esta política represiva no se limita a la expulsión de observadores y periodistas, sino que se extiende también a la prohibición de actividades de varias ONG internacionales. Según Free Press Unlimited, siete organizaciones, entre ellas Avocats sans Frontières (Bélgica) y Friedrich Naumann Stiftung (Alemania), han sido prohibidas de cualquier acción relacionada con la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
Ante esta alarmante situación, las organizaciones saharauis llaman a la comunidad internacional a intensificar su apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Subrayan la importancia de incrementar las visitas e investigaciones internacionales para documentar las realidades sobre el terreno y contrarrestar la estrategia marroquí de silenciar la información.
La prohibición de visitas al Sáhara Occidental demuestra así la voluntad de Marruecos de silenciar cualquier voz disidente y mantener un estricto bloqueo informativo. Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, esta estrategia contribuye paradójicamente a fortalecer la movilización a favor del pueblo saharaui.
APS