El silencio de la comunidad internacional ante la situación en el Sáhara Occidental no puede considerarse neutralidad.

Así lo sostiene el escritor y militante español Carlos C. García, quien considera que ese silencio contribuye a reforzar la lógica de la fuerza y a legitimar la injusticia. A su juicio, defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación no es una cuestión simbólica ni lejana, sino una lucha por el respeto al principio del Estado de derecho frente a la ley del más fuerte.

En un artículo publicado en la plataforma «No te olvides del Sáhara Occidental», García subraya que la cuestión del Sáhara Occidental «no representa un conflicto anclado en el pasado ni una situación excepcional heredada del colonialismo, sino que refleja un modelo contemporáneo de relaciones internacionales basadas en la fuerza y en la imposición del hecho consumado». Para él, lo que ocurre en la región constituye «una manifestación moderna del colonialismo, donde se ponen a prueba políticas de dominación, saqueo de recursos y negación sistemática de la legitimidad internacional».

García recuerda que la ocupación marroquí del Sáhara Occidental desde hace casi cincuenta años constituye «una violación flagrante del derecho internacional», una realidad confirmada en repetidas ocasiones por la ONU, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lamenta que esta situación ilegal no haya sido sancionada, sino que, por el contrario, haya sido «normalizada y justificada políticamente», dando lugar a lo que describe como una auténtica «recompensa política».

El militante pone de relieve los métodos de la ocupación: represión, modificación de la estructura demográfica y explotación de los recursos naturales saharauis, entre ellos el fosfato, la riqueza pesquera, las energías renovables, los hidrocarburos y otros recursos estratégicos. Según afirma, «el Sáhara Occidental se ha convertido en un actor estratégico en la lucha mundial por los recursos, lo que explica la impunidad de la que goza la ocupación marroquí».

Carlos García critica igualmente el llamado plan de «autonomía» propuesto por la ocupación marroquí, calificándolo de maniobra destinada a dar un carácter meramente administrativo a la ocupación, negando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y transformando una situación ilegal en un hecho permanente.

Asimismo, subraya la responsabilidad histórica y jurídica de España, antigua potencia colonial y autoridad administrativa legal. Según García, el cambio de posición de Madrid respecto al Sáhara Occidental constituye «un retroceso político decidido sin debate democrático, en contradicción con sus compromisos internacionales». Advierte de que esta evolución corre el riesgo de «consagrar la ocupación de forma indefinida» y de debilitar la posición jurídica y política de España, al tiempo que abre la puerta a lógicas expansionistas que podrían afectar a otras regiones.

Mientras tanto, la ocupación marroquí continúa con su represión sistemática contra militantes y defensores de los derechos humanos en los territorios ocupados, en flagrante violación del derecho internacional y de las convenciones sobre derechos humanos. El pasado martes, las autoridades de la ocupación marroquí impusieron un estricto cerco de seguridad en los domicilios de dos activistas saharauis: Hassna Baba Ahmed Adouihi, miembro de la Asociación para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, y Mina Baali, miembro del buró ejecutivo de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), en El Aaiún ocupado.

Estas medidas tenían como objetivo impedir la celebración de una concentración conmemorativa que iba a reunir a militantes saharauis. Hassna Adouihi precisó que el cerco incluía un despliegue masivo de vehículos de la policía de la ocupación marroquí, fuerzas auxiliares, así como agentes de seguridad e inteligencia, rodeando completamente su domicilio. Esta intervención se inscribe en el marco de las restricciones continuas impuestas por la ocupación marroquí al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estas prácticas vulneran igualmente las obligaciones del ocupante según el derecho internacional humanitario, en particular la Cuarta Convención de Ginebra, que exige el respeto de los derechos políticos de las poblaciones civiles en los territorios ocupados. Ese mismo martes, seis estudiantes saharauis fueron detenidos por las fuerzas de la ocupación marroquí por haber participado en una huelga coincidente con una sentada pacífica en el campus de la universidad ocupada de Assa-Mara. Fuentes saharauis señalan que la policía rodeó a los estudiantes que protestaban y que la situación sigue siendo tensa, con riesgo de escalada.

El escritor español concluye que la impunidad de la ocupación marroquí y el silencio internacional refuerzan la dominación sobre el Sáhara Occidental, poniendo en peligro los derechos fundamentales del pueblo saharaui y socavando los principios del derecho internacional.

M. Seghilani

Origen: SÁHARA OCCIDENTAL: Droits bafoués et ressources pillées | lecourrier-dalgerie.com

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