La decisión de la administración Trump de reconocer en 2020 la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental no solo vulneró abiertamente el derecho internacional, sino que dejó al descubierto una práctica largamente tolerada: la subordinación de los principios jurídicos a la lógica del poder. En esta tribuna de opinión, el militante saharaui Mohamed Elbaikam analiza ese momento como un punto de inflexión que despojó al orden internacional de sus máscaras y reveló sus contradicciones más profundas.
Durante décadas, las relaciones internacionales se han regido no solo por normas escritas, sino también por una ficción compartida. La Carta de las Naciones Unidas, las jurisdicciones internacionales y el lenguaje diplomático ofrecían un marco normativo que ocultaba el ejercicio más crudo del poder tras un vocabulario jurídico y moral. Buena parte de lo que hacían las grandes potencias se negociaba discretamente, a puerta cerrada, en los pasillos.
Donald Trump no inventó esta realidad. Pero hizo algo inédito: la expuso.
El reconocimiento por parte de la administración Trump, en 2020, de la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental no fue simplemente una decisión controvertida de política exterior. Constituyó un momento de desvelamiento radical. Aquello que durante mucho tiempo se había practicado de forma discreta —una diplomacia transaccional que se imponía al derecho internacional— fue afirmado de manera abierta, sin tapujos y en términos claros.
El Sáhara Occidental no es un conflicto territorial oscuro ni marginal. Es uno de los últimos casos de descolonización no resueltos reconocidos por las Naciones Unidas. En 1975, la Corte Internacional de Justicia concluyó que no existía ningún vínculo de soberanía territorial que pudiera negar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Ese derecho fue posteriormente integrado en un proceso de paz de la ONU que prometía un referéndum: una promesa que nunca se cumplió.
Durante años, la comunidad internacional mantuvo un equilibrio frágil: afirmar formalmente los principios de la ONU mientras toleraba, de facto, su suspensión. Trump rompió ese equilibrio. Al vincular el estatus jurídico del Sáhara Occidental a un acuerdo geopolítico ajeno a la cuestión, su administración trató el derecho internacional no como una obligación, sino como una moneda de cambio.
Esto provocó conmoción no porque fuera completamente nuevo, sino porque dejó de ocultarse.
En ese sentido, Trump fue menos el arquitecto de la erosión del derecho internacional que su espejo sin filtros. Su estilo —directo, transaccional, desdeñoso de las normas multilaterales— derribó el decorado diplomático que mantenía la ilusión de un orden basado en reglas. Lo que las grandes potencias antes hacían en silencio pasó a representarse en público.
Este desnudamiento tiene una doble lectura. En su vertiente negativa, acelera el colapso de las normas jurídicas. Si la soberanía, la autodeterminación y la descolonización pueden negociarse abiertamente, el derecho internacional pierde su carácter vinculante y se vuelve opcional. El precedente del Sáhara Occidental envía al mundo el mensaje de que los principios jurídicos solo sobreviven cuando se alinean con la correlación de fuerzas.
Pero existe también una dimensión paradójicamente positiva. El enfoque de Trump impuso un momento de lucidez. Reveló que el orden internacional ya era frágil, ya estaba comprometido y ya era selectivo. El problema no comenzó en 2020; simplemente se volvió imposible de negar.
El Sáhara Occidental ilustra esta verdad con una claridad excepcional. Desde hace casi cincuenta años, el pueblo saharaui sufre las consecuencias de un sistema internacional incapaz —o poco dispuesto— a hacer respetar sus propias normas. Los campamentos de refugiados, la represión política y un vacío jurídico interminable no son accidentes: son los resultados estructurales de un sistema que privilegia la “estabilidad” frente a la justicia y el poder frente al principio.
El peligro hoy no es Trump en sí, ni una administración concreta. Es que lo que quedó al descubierto permanezca sin reparación. Cuando la ficción se derrumba y nada la sustituye, se instala el cinismo. Otros conflictos —Ucrania, Palestina, Taiwán, Cachemira— se interpretan cada vez más bajo el mismo prisma: no “¿qué exige el derecho internacional?”, sino “¿quién tiene la fuerza?”.
Estados Unidos, como arquitecto fundador del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta a una elección. Puede continuar por una senda en la que el derecho queda abiertamente subordinado a los acuerdos de poder, o reconocer que el desvelamiento genera una responsabilidad. Una vez levantado el telón, ya no es posible regresar a una ambigüedad cómoda.
El Sáhara Occidental no es periférico a este diagnóstico. Es su núcleo. El territorio es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando el derecho internacional se pospone indefinidamente. Si el orden basado en reglas quiere tener algún sentido en el siglo XXI, no puede sobrevivir como una simple escenificación. Debe aplicarse incluso cuando incomoda —y, sobre todo, entonces—.
Trump reveló la verdad del sistema. La cuestión ahora es si esa verdad conducirá a una renovación o a un colapso irreversible.
Mohamed Elbaikam
Militante independiente de la sociedad civil (Sáhara Occidental)
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