Las conversaciones celebradas en Madrid bajo patrocinio de Estados Unidos han devuelto el conflicto del Sáhara Occidental al centro del escenario diplomático internacional. Tras años de bloqueo político y ausencia de negociaciones directas, Marruecos y el Frente Polisario han aceptado una hoja de ruta de procedimiento que prevé una nueva ronda en Washington en el mes de mayo, con el objetivo declarado de intentar alcanzar un acuerdo marco político.
El encuentro, coordinado por Washington con presencia de Argelia y Mauritania y bajo supervisión de Naciones Unidas a través de su enviado personal, se desarrolló bajo una estricta confidencialidad. Más allá del hermetismo, lo sustancial es que se ha reactivado un canal formal de diálogo directo que no se producía desde 2019. Ese hecho, por sí solo, marca un punto de inflexión.
Una hoja de ruta, no una solución
Conviene subrayarlo con precisión: lo aceptado en Madrid no es una solución, ni siquiera un principio de solución. Es un marco procedimental. Una hoja de ruta que fija calendario, método y estructura para intentar negociar.
El núcleo técnico de la discusión gira en torno a la posible creación de un comité o comisión de expertos —juristas y especialistas políticos— que debería evaluar los aspectos prácticos de un eventual acuerdo marco. Y aquí aparece el primer gran desacuerdo: Marruecos pretende que el análisis se centre exclusivamente en su propuesta de autonomía, mientras que el Frente Polisario defiende que cualquier órgano técnico debe examinar todas las opciones de solución previstas en el derecho internacional, incluida la autodeterminación en su formulación completa.
Ese desacuerdo no es secundario. Es la esencia misma del contencioso.
Autonomía frente a autodeterminación: el núcleo jurídico
Marruecos ha presentado en los últimos meses un texto ampliado de su propuesta autonómica, con mayor desarrollo institucional, fiscal y administrativo que el documento de 2007. Rabat lo considera la única base “realista” de negociación.
Sin embargo, el Sáhara Occidental continúa inscrito en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, pendiente de descolonización. Y la resolución 2797 del Consejo de Seguridad —aprobada en octubre—, aunque menciona la autonomía como una vía “factible”, no elimina el principio de autodeterminación ni altera el estatuto jurídico internacional del territorio.
El Frente Polisario mantiene que la autodeterminación no puede reducirse a una fórmula cerrada previamente. Desde su perspectiva, cualquier acuerdo político debe respetar que el pueblo saharaui pueda decidir libremente entre las opciones reconocidas por el derecho internacional.
Madrid no resolvió ese choque de posiciones. Lo encuadró dentro de un calendario.
Presiones, equilibrios y límites
El ambiente diplomático ha sido descrito como más complejo de lo previsto para Marruecos. Washington ha asumido un papel de coordinación directa, con un claro interés en mostrar avances antes del próximo ciclo del Consejo de Seguridad. Argelia ha mantenido su posición tradicional de apoyo al derecho de autodeterminación, mientras Mauritania continúa desempeñando su papel regional en el proceso.
Desde el lado saharaui se subraya que no se aceptó limitar el marco jurídico a la autonomía. Desde el lado marroquí se insiste en consolidar esa propuesta como única salida posible. Ambas posiciones reflejan que el margen de maniobra es estrecho y que el equilibrio diplomático es hoy más frágil que estable.
A este contexto se suma la confirmación oficial de Naciones Unidas. En su rueda de prensa del 9 de febrero, el portavoz del Secretario General confirmó que delegaciones de alto nivel de la ONU —incluido el Enviado Personal Staffan de Mistura— junto con Estados Unidos, facilitaron en Madrid conversaciones con Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania en el marco de la aplicación de la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad. La organización evitó ofrecer detalles sobre resultados, formato o clima de las reuniones. “Las conversaciones continúan”, se limitó a señalar el portavoz. La prudencia del lenguaje no es menor: confirma que el proceso sigue bajo el paraguas de Naciones Unidas, pero también que no existe, por ahora, ningún avance formal que altere el marco jurídico vigente ni el estatuto internacional del territorio.
La Minurso y el factor tiempo
En paralelo, el futuro de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) continúa en suspenso. La resolución 2797 abre la puerta a revisiones periódicas de su mandato en un contexto de restricciones presupuestarias en la ONU y de presiones para redefinir sus funciones.
Desde 1991, tras el alto el fuego, la misión ha visto progresivamente reducida su capacidad política efectiva. Su eventual debilitamiento tendría consecuencias directas sobre el equilibrio en el terreno.
Lo que está realmente en juego
Lo ocurrido en Madrid no es el principio del fin del conflicto. Es, en el mejor de los casos, la constatación de que ninguna de las partes ha conseguido imponer su marco unilateralmente.
El Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente, un territorio pendiente de descolonización. Ninguna hoja de ruta cambia ese hecho. Ningún calendario sustituye al derecho. Y ningún acuerdo técnico podrá consolidarse si no aborda de frente la cuestión central: quién decide el futuro del territorio y en qué condiciones.
Si la próxima cita en Washington pretende ir más allá del procedimiento, tendrá que responder a esa pregunta sin ambigüedades. Porque después de medio siglo de conflicto, lo que está en juego no es una fórmula administrativa, sino la aplicación efectiva del principio de autodeterminación.
Y ese principio —reconocido por Naciones Unidas— no puede diluirse en un texto técnico ni quedar subordinado a una única opción previamente definida.
Carlos C. García – PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»
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