La vulneración de los derechos de los presos, el acoso y la amenaza a los activistas o la expulsión de personas extranjeras solidarias con el pueblo saharaui, son componentes centrales de la ocupación.
Estuvo 30 días de huelga de hambre, Marruecos le prometió que, si interrumpía esta medida de presión, mejoraría sus condiciones de internamiento y sería desplazado a un centro penitenciario más cercano a su tierra y a su familia, en el Sahara ocupado. Pero no fue así. El preso saharaui Hussein Bachir Amadour suspendió finalmente su huelga a finales de marzo, tras ser trasladado al centro penitenciario de Moul El Bergui, en Safi. Sus condiciones de salud eran muy precarias, actuando Marruecos “sin ninguna base legal que justifique el traslado ni la falta de atención médica”, denuncia Salek Baber, expreso político del grupo “Compañeros de El Uali” y miembro del Comité de familiares y compañeros de este grupo de estudiantes al que pertenece también Hussein.
Los integrantes de este grupo de universitarios y exuniversitarios que luchan por la independencia del Sahara son objeto de la represión marroquí desde el año 2016, cuando fueron condenados por la muerte de un estudiante marroquí en la universidad de Marrakech en un juicio opaco y sin garantías. Quince estudiantes fueron condenados a penas de entre diez y tres años de cárcel. Hussein, sin embargo, no acudió cuando fue citado, y llegó en patera a Canarias en 2019, donde solicitó asilo. Pese a las múltiples denuncias contra la detención y encarcelamiento de sus compañeros, España deportó a Hussein a Marruecos donde fue juzgado y condenado a doce años de cárcel.
El preso saharaui Hussein Bachir Amadour, que España entregó a Marruecos en 2019 a pesar de haber solicitado asilo, ha pasado más de un mes en huelga de hambre, quedando en un estado de salud precario
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