Allí, un pueblo con voluntad propia y una identidad sólida, el pueblo saharaui, resiste desde hace décadas frente a un aparato político y militar que busca negar su derecho más elemental: la autodeterminación. Y todo ello, sucede bajo la mirada cómplice de democracias que presumen de defender libertades, pero actúan con un cinismo que roza lo grotesco. El principal beneficiario de esta arquitectura de injusticia es el Reino de Marruecos, convertido en la potencia ocupante de un territorio pendiente de descolonización según las Naciones Unidas.

Para comprender la dimensión de esta tragedia político-histórica es imprescindible comenzar por España, no como un actor más, sino como la potencia administradora que nunca dejó de serlo, según el derecho internacional. Esa condición, aunque sistemáticamente borrada de los discursos oficiales, sigue en pie. El problema es que Madrid ha actuado durante décadas como un poder ausente, atrapado entre la cobardía política, los cálculos diplomáticos y el oportunismo. La Marcha Verde de 1975 y los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados mientras agonizaba la dictadura y Juan Carlos asumía su papel en la jefatura del Estado, fueron el punto de inflexión.

España entregó de facto el territorio a Marruecos y Mauritania; lo hizo sin legitimidad, sin consulta a la población saharaui y en contradicción abierta con la legalidad internacional. Esa traición fundacional no fue un error aislado, sino una elección estratégica en un contexto de transición interna y presiones externas. Hoy, casi medio siglo después, el legado envenenado de aquella decisión continúa determinando la política exterior española.

El actual Gobierno ha consumado un giro radical alineándose con la tesis marroquí de la “autonomía” bajo soberanía del reino alauí. Y lo ha hecho justificándose con fórmulas vacías –“la propuesta más seria, creíble y realista”– que no engañan a nadie. El cambio no responde a una voluntad de reconciliación histórica, sino a la presión continua de Marruecos, que combina instrumentalización del flujo migratorio, relaciones económicas asimétricas, operaciones de influencia y una penetración política cada vez más visible en las altas esferas españolas.

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