«Hay una discrepancia enorme entre lo dictaminado por los tribunales y lo que han decidido países como España y Francia”, Irene Fernández-Molina | “Sánchez queda desautorizado por su carta a Mohamed VI», Carlos Ruiz Miguel
Si España o Francia quieren importar tomates del Sáhara Occidental o pulpo de las aguas frente a la excolonia española, deben contar con el visto bueno del Frente Polisario desde el exilio en Argelia, ya que es el legítimo representante del pueblo saharaui. No es suficiente consultarle a Marruecos o a representantes locales del territorio controlado por Rabat. Por ello, los acuerdos que durante estos años ha mantenido la Unión Europea con Marruecos sobre pesca, agricultura y productos agropecuarios no son válidos y deben ser anulados. Se firmaron “vulnerando los principios de autodeterminación”. Todo, según dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma ya inapelable el pasado viernes.
La decisión ha supuesto un revés político, diplomático y económico para España y Francia. Sus respectivas capitales enviaron abogados del Estado a Luxemburgo para pelear la decisión de 2021 en el mismo sentido del alto tribunal. Para los analistas consultados, la sentencia pone en entredicho la legalidad del reposicionamiento de ambos países respecto del conflicto del Sáhara Occidental. Pedro Sánchez se declaró hace dos años a favor del plan de Mohamed VI para incorporar el territorio como una autonomía dentro del Reino. El presidente galo, Emmanuel Macron, fue un paso más allá el pasado mes de julio y dijo que “la autonomía es la única base para una solución al conflicto” en el marco de la soberanía marroquí. Naciones Unidas apoya, por el contrario, un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y tiene una misión específica para llevarlo a cabo, la Minurso.
“La sentencia va a tener mucho impacto porque dinamita cualquier intento de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara: eso significaría actuar en contra del derecho comunitario, que ha dicho claramente que esto no es lícito”, opina en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela especializado en el Magreb. “Aunque la carta de Sánchez no es un reconocimiento implícito, sino ambiguo, evidentemente queda desautorizado”.
José Manuel Albares recibió la noticia el pasado viernes poco antes de comparecer en el Congreso de los Diputados. El ministro de Exteriores dijo que no habrá cambio alguno en la posición española de acercamiento a las tesis de Rabat, pese a la disonancia con la sentencia europea. “Nuestra apuesta y nuestro compromiso con la estabilidad de la relación con Marruecos es firme y no se va a ver alterada«, afirmó el jefe de la diplomacia española. Puso en valor el comercio con el vecino más importante del sur, que alcanzó los 22.000 millones de euros el año pasado.
“Hay una discrepancia enorme entre lo dictaminado por los tribunales y lo que han decidido países como España y Francia”, argumenta Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la universidad británica de Exeter. “Los estados miembros de la UE, como España o Francia, han priorizado una de las soluciones posibles al conflicto sobre las demás, y privilegian así una opción que no ha sido elegida por el pueblo. Va en contra de la idea de la autodeterminación, que obliga a que estas decisiones recaigan sobre el pueblo”.
¿Quién decide por los saharauis?
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