Según la legalidad internacional la gestión del espacio aéreo del Sáhara ocupado corresponde a España como potencia administradora. Sin embargo, Marruecos usa este espacio ilícitamente, en los últimos años, también con drones.
Un niño hace una visita a su abuelo, que vive en una localidad diferente a la de sus padres. En un momento dado, el vehículo en que ambos viajan se queda sin gasolina, lo que les obliga a caminar el resto del trayecto a casa del abuelo y regresar al día siguiente con una garrafa de gasolina en la camioneta de su tío. Luce un sol de gloria en una mañana de noviembre. Abuelo, tío y nieto disfrutan del aire fresco que les concede la vida. A su alrededor apenas se escucha el siseo atrayente de la arena del desierto, que zigzaguea juguetonamente entre sus pies mientras caminan desde donde aparcaron la camioneta hasta el coche del abuelo.
De pronto, un bombardeo. Estalla el mundo y el niño está muerto. Otro proyectil, bum, un sonido que perfora los tímpanos y hieren de gravedad al abuelo, que nunca superará el trágico asesinato de su nieto y morirá dos meses después en un estado catatónico, el abuelo no volverá a abrir la boca ni hablará con nadie hasta que se presente a rendir cuentas ante su Creador. Y el niño tiene nombre porque esta historia no es ficción: se llamaba El Ban, tenía trece años y falleció el 25 de noviembre de 2021 tras caerle una bomba arrojada por un dron marroquí a dos mil metros de altura. El Frente Polisario contabiliza ya al menos 60 civiles fallecidos a causa de los drones que sobrevuelan el Sáhara Occidental ante la indiferencia internacional —la organización AFRAPADESA ha registrado 55 de forma oficial—, la cifra va aumentando por cada semana que pasa. El Ban se convierte así en un número del conflicto, una cifra por la que lloran sus padres, una fotografía recopilada por los organismos de ayuda saharauis mientras su abuelo, también inocente, ni siquiera llega a eso.
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