En el contexto del 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se ha extendido en algunos análisis la idea de que el momento actual es el más adverso de su historia. La afirmación resulta comprensible si se observa la evolución reciente de ciertos posicionamientos internacionales, pero se queda corta —y en algunos casos resulta engañosa— si se analizan todos los elementos que configuran el conflicto del Sáhara Occidental.
Es cierto que en los últimos años se han producido movimientos diplomáticos significativos. El reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí por parte de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, mantenido sin reversión por Joe Biden, ha tenido impacto. También lo ha tenido el giro de la posición española en favor de la propuesta marroquí de autonomía. Estos elementos forman parte de un contexto político complejo que no puede ignorarse.
Sin embargo, reducir la situación actual a una especie de “derrota histórica” de la causa saharaui implica pasar por alto un factor central: el marco jurídico internacional sigue sin modificarse. El Sáhara Occidental continúa siendo considerado por Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización, y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui sigue plenamente vigente.
Este punto no es menor. A pesar de los cambios en el terreno diplomático, no existe reconocimiento internacional de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Tampoco las resoluciones del Consejo de Seguridad han sustituido el principio de autodeterminación por la propuesta de autonomía. El núcleo jurídico del conflicto permanece intacto.
En paralelo, el ámbito judicial ha cobrado una relevancia creciente. Las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos comerciales y pesqueros han reafirmado la necesidad de contar con el consentimiento del pueblo saharaui para cualquier explotación de recursos en el territorio. Este tipo de resoluciones refuerza la posición saharaui en un terreno donde el derecho internacional sigue siendo determinante.
Por otro lado, la República Saharaui ha mantenido una continuidad institucional durante cinco décadas, incluso en condiciones de exilio. La existencia de estructuras políticas, administrativas y sociales en los campamentos de refugiados no es un elemento menor, sino uno de los factores que explican la persistencia de la causa saharaui en el tiempo.
En el plano internacional, la RASD sigue siendo miembro de la Unión Africana, lo que le otorga una presencia institucional que no puede ser ignorada. Aunque el reconocimiento no sea universal, tampoco ha desaparecido ni se ha revertido de forma generalizada.
Es cierto que el conflicto atraviesa una fase marcada por el estancamiento político y por la influencia de intereses geopolíticos que dificultan avances. También lo es que el equilibrio militar y tecnológico ha evolucionado en los últimos años. Pero estos factores, por sí solos, no definen el conjunto del escenario.
Calificar el momento actual como el “peor” de la historia de la RASD implica asumir una lectura parcial que prioriza la coyuntura política sobre los elementos estructurales del conflicto. Y es precisamente en esos elementos —el derecho internacional, la continuidad institucional y la persistencia del sujeto político saharaui— donde se encuentran las claves para entender su evolución.
Cincuenta años después, la cuestión central sigue siendo la misma: la aplicación efectiva del derecho de autodeterminación. Mientras este principio no se materialice, el conflicto del Sáhara Occidental no puede darse por resuelto, independientemente de los cambios en el contexto diplomático.
Victoria G. Corera
Plataforma “NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL”