ECSAHARAUI
Madrid (ECS).- El Gobierno de España y Marruecos conocen bien sus intereses y evitan siempre confrontarse. En la mitad del problema está el Sáhara español (Sáhara Occidental), una ex colonia de España que se siente en estos días el abandono por la potencia administradora del territorio ante los marroquíes.
Cuarenta y siete años se cumplirán en los próximos meses de uno de los episodios más sonrojantes de la política exterior española. La Marcha Verde orquestada por el entonces rey de Marruecos, Hasán II, empujó al Gobierno todavía franquista a ordenar la retirada del Sáhara Occidental -territorio sobre el que España ejercía un protectorado desde principios del siglo XX-, abandonándolo para siempre a su suerte en lo que supuso tanto una humillación militar como una traición a los saharauis.
Las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas han sido taxativas al exigir la libre determinación del pueblo saharaui. Y desde el alto el fuego de 1991 alcanzado entre el Polisario y Marruecos, todas las vías de negociación tienen un único objetivo: la celebración de un referéndum con un censo pactado entre las partes.
Pero la consulta sigue sin llegar, y la actitud de dominio e intransigencia del régimen marroquí cada vez la hacen más inviable. Entre otros motivos porque, como denuncian las autoridades saharauis exiliadas en la vecina Argelia, el proceso de marroquinización de la antigua colonia española es tal que hoy en día la población autóctona apenas representa el 20% del total -el resto son, sobre todo, marroquíes obligados o favorecidos por las autoridades de ocupación a instalarse en la región-. Eso sí, casi 200.000 saharauis siguen malviviendo en los campamentos saharauis en el suroeste de Argelia.
Marruecos desoye sistemáticamente los mandatos de la ONU porque la estrategia única del régimen marroquí pasa justamente por dejar que pasen los años para que aumente el hecho consumado de la ocupación. Rabat explota los recursos estratégicos e impone a la población local una política represiva que tiene como peor cara el encarcelamiento de decenas de presos políticos. España «está al corriente» de todos los «casos de violaciones de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, incluidos casos de trato degradante y tortura», pero España se encoge de hombros y guarda silencio.
España, aunque siempre abogue por una solución dialogada entre las partes a pesar del giro de Sánchez, debe hacer frente a sus responsabilidades históricas. No hay que olvidar que, jurídicamente, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, puesto que su abandono no supuso cesión de soberanía. Por ello, y por pura justicia histórica, el Gobierno -tanto el actual como los que vengan– está obligado a desplegar toda la diplomacia y ejercer presión para que el referéndum se lleve a cabo antes de que ya resulte sencillamente imposible.