Primero fue la necesidad, ahora es la connivencia. La primera vez que Pedro Sánchez asumió la tesis de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental, el 18 de marzo de 2022, le forzaba el conflicto desatado con Rabat, tras haber permitido la entrada en España del líder del Frente Polisario, la organización que lucha por la autodeterminación del Sáhara. Aquel pacto nació de una urgencia en la relación puramente bilateral. Pero ahora, ayer mismo, Albares y, con Albares, Sánchez y, con Sánchez, el PSOE y, con el PSOE, el Gobierno y, con el Gobierno, España dio un paso más.

No había ninguna cuenta pendiente bilateral que justificase la cita ayer entre José Manuel Albares y su homólogo marroquí, Nasser Bourita. No había ningún motivo apremiante para verse en Jueves Santo, en una comparecencia anunciada con menos de 24 horas de antelación y ajena a la agenda semanal. La única razón para la declaración institucional compartida es su encaje en la ofensiva de Marruecos para acelerar la legalización de su ocupación del Sáhara, ejecutada hace ahora 50 años aprovechando la agonía de Franco. Aquella incapacidad de la dictadura menguante para defender la última colonia española y pilotar su descolonización se enlaza con el presente.

Sánchez se pliega al calendario de Marruecos, que en los últimos nueve días ha actualizado el compromiso de Estados Unidos, Francia y España con su plan de autonomía, que supone la anexión del Sáhara Occidental bajo el trono de Mohamed VI.