La política exterior que el presidente Sánchez mantiene con Marruecos desde 2018 se caracteriza por un evidente realismo político, en el que prima el apaciguamiento, las deferencias y las cesiones para con la monarquía alauí. Es hora de exponer sin tapujos los fundamentos de esa política, soslayando los silencios, la desinformación y la propaganda que la presiden. Porque el pasado jueves, 27 de marzo, el ministro Albares afirmó con inaudito descaro en una entrevista en TVE que las aduanas de Ceuta y Melilla están ya abiertas.

Desde que Sánchez asumió como presidente en el verano de 2018, Mohamed VI le ha propinado una serie de acciones unilaterales inamistosas o contrarias al Derecho Internacional y a los tratados vigentes entre ambos Estados. Unas francamente inamistosas, como el cierre de la aduana comercial entre su territorio y la ciudad autónoma de Melilla desde el 31 de julio de 2018, sin previo aviso y tras permanecer abierta unos 150 años, de ellos más de 60 desde la independencia de Marruecos. Nuestro gobierno dejó pasar la oportunidad de defender en buen derecho esa aduana, fundamentando su posición en la existencia de una costumbre internacional de ámbito local y larga data que obligaría a Rabal a mantenerla abierta.

Pedro Sánchez siempre ha respondido frente a estas acciones con obsequiosas deferencias hacia Mohamed VI. Caso de la celebración en Rabat, en diciembre de 2024, del Consejo de la Internacional Socialista, de la que es presidente, donde se adoptaron muchas declaraciones y resoluciones, pero guardando un estricto silencio sobre el Sáhara Occidental o los presos políticos marroquíes. La inclusión de Marruecos, con España y Portugal, en la organización del Mundial de Fútbol de 2030; quizás una póliza de seguro a plazo, que nos evite sobresaltos mayores hasta después de su conclusión. O la más relevante, el apoyo explícito del Consejo y de la Comisión europeos a las tesis marroquíes sobre el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, bajo el impulso y la batuta de Francia y España, traducido en la celebración de acuerdos en materia arancelaria, pesquera y aérea que afectaban a dicho territorio. Acuerdos anulados en última instancia por el Tribunal de Justicia de la UE, que ha sostenido que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y sigue pendiente de descolonizar.

Adviértase que la carta de Sánchez constituye un acto jurídico unilateral que genera obligaciones para España asumidas libre y voluntariamente por el presidente del Gobierno, órgano con capacidad para obligar a nuestro Estado en las relaciones internacionales. Nuestro Estado debe respetar de buena fe ese compromiso en todos sus términos, sin que quepa una futura revocación del mismo salvo en supuestos muy tasados jurídicamente.

Las razones de este conjunto de deferencias y cesiones que se remontan a 2018 nunca se han explicado de verdad. Además, muchos analistas han subrayado la ausencia de contrapartidas relevantes (‘do ut des’) por parte de Mohamed VI; porque es la práctica habitual en las relaciones internacionales. Trump es un buen ejemplo de lo que se espera de un realista. Todo apunta a la aplicación vergonzante de cánones realistas eminentemente defensivos, con el objetivo por parte de Sánchez de lograr una relativa estabilidad en la frontera sur frente a un vecino reivindicativo y problemático, que goza del favor norteamericano, y que es capaz de desestabilizar su Gobierno usando los flujos migratorios como arma política. Mohamed VI viene aprovechando a su antojo la debilidad parlamentaria, así como las tensiones y contradicciones en el seno de su consejo de ministros que Sánchez padece crónicamente.

En el caso de la carta, la conducta de Sánchez se acompaña también de un evidente cesarismo, una forma de ejercicio del poder fundada en su concentración en una persona. Su práctica es compatible en este supuesto con la Constitución, aunque evidencia un déficit de transparencia y calidad democrática. Ningún ministerio participó en el proceso previo de adopción de una decisión personalísima, que se cocinó y sirvió en la Moncloa. Tampoco el Consejo de Ministros. No se informó ni se hizo partícipe al otro partido del gobierno de coalición. Ni a los partidos que sostenían al gobierno en las Cortes ni por supuesto al principal partido de la oposición, a pesar de que la carta rompía el consenso en un asunto de Estado. El Congreso quedó marginado, tratándose de un gobierno sin mayoría parlamentaria. Se prescindió también de cualquier interacción con la sociedad civil. La decisión no fue elaborada, debatida o explicada conforme a los estándares de un régimen parlamentario sustentado en patrones representativos, idealmente reforzados por pautas de conducta deliberativas propias de un Gobierno que se declara progresista.

Es sabido que Trump reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio del reconocimiento de Israel por parte de Marruecos. Una de sus habituales transacciones en violación del Derecho Internacional, aplicando un realismo y cesarismo a pecho descubierto. Sánchez, más recatado, aplica también prácticas de corte realista y cesarista en las relaciones con Marruecos y el Sáhara es la mejor prueba. Pero le pierde su cándido populismo. Parece que nadie le ha advertido sobre el gran contraste y la hipocresía de su defensa de la autodeterminación del pueblo palestino y el reconocimiento de su Estado, mientras abandona a su suerte al pueblo saharaui, cuya causa es evidente que no le resulta políticamente rentable.