Marruecos celebra el próximo 23 de septiembre unas legislativas que también extiende a la parte del Sáhara Occidental ocupado. El sistema asigna escaños a El Aaiún, Bojador, Smara, Dajla y Auserd, pero excluye de antemano cualquier opción política que cuestione la “integridad territorial” del Reino. Mientras Rabat considera esas zonas parte de Marruecos, Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental como Territorio No Autónomo pendiente de descolonización.

Los últimos pronunciamientos saharauis contra las elecciones marroquíes del 23 de septiembre plantean una pregunta que merece ir más allá de la denuncia: ¿qué se vota realmente y cómo funciona el sistema al que Marruecos incorpora la parte del Sáhara Occidental que controla? Un amplio artículo publicado por Público ayuda a entenderlo. La Cámara de Representantes tiene 395 diputados: 305 elegidos en circunscripciones locales y otros 90 mediante circunscripciones regionales. El próximo miércoles concurrirán 28 partidos y miles de candidatos, pero el marco político tiene límites muy claros antes incluso de abrirse las urnas.

La Constitución marroquí establece que los partidos no pueden organizarse sobre una base regional, étnica o religiosa ni perseguir objetivos que cuestionen, entre otros principios, la monarquía y la “integridad territorial” del Reino. En la práctica, esto significa que una organización que defendiera electoralmente la independencia del Sáhara Occidental no podría competir dentro del sistema en igualdad de condiciones como una opción sobre el futuro del territorio. Público recuerda, por ejemplo, que Vía Democrática, formación de izquierda que defiende la autodeterminación saharaui, rechaza participar en el proceso.

La incorporación electoral del Sáhara Occidental tampoco es una abstracción. Los propios datos oficiales de la Cámara de Representantes marroquí utilizados en las legislativas de 2021 atribuyen tres escaños locales a El Aaiún, dos a Bojador, dos a Smara, dos a Ued Eddahab y dos a Auserd. Además, Marruecos establece circunscripciones regionales denominadas Laayún-Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab, aunque la primera incluye también Tarfaya, situada fuera de los límites del Sáhara Occidental. Es decir, Rabat incorpora administrativamente las zonas que controla a su propio mapa electoral y aplica en ellas sus leyes electorales.

Pero votar diputados no significa elegir sobre todas las cuestiones fundamentales del Estado. Las urnas determinan la composición de la Cámara de Representantes y de ellas sale el jefe de Gobierno, pero una parte decisiva del poder permanece en el Palacio Real. La Constitución define al rey como jefe del Estado y “árbitro supremo” entre las instituciones; es además jefe supremo de las Fuerzas Armadas, preside el Consejo de Ministros y conserva competencias determinantes en política exterior, seguridad, religión y grandes orientaciones estratégicas. Puede asimismo disolver el Parlamento y desempeña un papel central en el nombramiento de embajadores, responsables territoriales y altos cargos de sectores estratégicos. Público recuerda además que Interior, Exteriores y Asuntos Religiosos funcionan como los llamados “ministerios de soberanía”, estrechamente vinculados al Palacio y con responsables que pueden permanecer en sus puestos aunque cambie la mayoría parlamentaria. La propia Constitución confirma ese amplio papel institucional del monarca.

Esto resulta especialmente importante en el Sáhara Occidental. La política exterior y la estrategia sobre el territorio no dependen de que gane uno u otro de los partidos que concurren el 23 de septiembre. Público recuerda que Nasser Bourita dirige Exteriores desde 2017 y ha encabezado la campaña diplomática para obtener apoyos internacionales a la propuesta marroquí de autonomía, considerada una prioridad del Palacio. El mejor ejemplo de hasta dónde llegan los límites de la alternancia lo ofrece la normalización con Israel: en 2020 gobernaba el islamista PJD, cuya base era ampliamente contraria a esa decisión, pero fue su propio jefe de Gobierno quien firmó el acuerdo decidido por Mohamed VI. Las elecciones pueden cambiar mayorías y gobiernos; las decisiones estratégicas sobre el Sáhara Occidental, la política exterior o la seguridad permanecen en buena medida fuera de esa competición electoral.

Ahí está precisamente la diferencia que vienen señalando CODESA, los presos de Gdeim Izik y las instituciones saharauis: participar en unas elecciones organizadas por Marruecos no equivale a decidir el estatuto internacional del Sáhara Occidental. Naciones Unidas mantiene al territorio en su lista de Territorios No Autónomos desde 1963 y considera todavía pendiente su proceso de descolonización. Rabat, por su parte, presenta las zonas que controla como parte de su “territorio nacional” y organiza allí las elecciones bajo ese criterio. Las urnas del 23 de septiembre elegirán representantes dentro de las instituciones marroquíes; no constituyen, por sí mismas, un mecanismo internacional de autodeterminación sobre el futuro del Sáhara Occidental.

Fuente principal: Público, 19 de septiembre de 2026.
Más información en: Sáhara Occidental | Las elecciones marroquíes del 23-S abren otra batalla: votar no es decidir el futuro de las zonas ocupadas