El conflicto del Sáhara Occidental, protagonista en la política española. El giro en la postura (de la neutralidad auspiciada por la ONU a abanderar la tesis de la autonomía marroquí labrada en Rabat) materializado por Pedro Sánchez el pasado marzo ya ha tenido consecuencias con Argelia, aliado del Frente Polisario. Desde Argel, rompían este miércoles el tratado de amistad y la banca argelina congelaba cualquier operación comercial con España. Y eso en plena crisis energética, cuando el país norteafricano es de los principales exportadores de gas a España.

Más allá de las consecuencias políticas del nuevo posicionamiento gestado entre Moncloa y el Palacio de Santa Cruz (sede del Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares), los efectos se notan principalmente en las condiciones de vida del pueblo saharaui, que mantiene su lucha por la autodeterminación. En los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, la represión contra la población saharaui se ha endurecido en los últimos meses.

Trágicamente testigo de ello ha sido Sultana Jaya, activista saharaui defensora de los derechos humanos, que fue arrestada en su domicilio durante más de año y medio sin justificación legal. Durante su cautiverio, ella, su madre y su hermana han sufrido violaciones por parte de paramilitares marroquíes, ha sido inyectada de sustancias desconocidas y forzada a infectarse de covid-19, según relata ella misma. La semana pasada consiguió salir de su casa, acompañada por activistas de la ONG norteamericana Human Rights Action Center, y viajar a España. Recién llegada a Madrid, responde las preguntas de Público.